Por Eva Vergara/APEspecial para UNO
Santiago, Chile. Joaquina Pereda vivió una vida cómoda. Estudió en la Universidad Católica de Chile y con su salario como profesora de matemáticas hacía sus compras para el mes en supermercados, y adquiría verduras y frutas para la semana. Salía frecuentemente con su hijo, le contrataba una niñera cuando trabajaba, vestía bien e iba al cine.
Pero desde que se jubiló no le alcanza para comer. En ocasiones, prepara una tortilla de harina y le pone cebolla picada, le esparce orégano y le dice a su hijo, quien sufre de síndrome de Down, que es una pizza.“Vivo el día a día, no puedo ir a la feria, no puedo hacer las compras que hacía antes” en el supermercado, dijo Pereda, de 66 años, entre sollozos. “Nunca imaginé, ni siquiera en sueños, que esto me podía pasar”.
Tampoco tiene dinero para pagar una niñera y tiene que llevarse a su hijo para todos lados. Aunque anda bien presentada, las telas de su vestuario se notan gastadas y han ido perdiendo el color original.
Pereda es una de cientos de miles de chilenos de clase media que hace 33 años, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, fueron obligados a dejar a un lado el viejo sistema de pensiones del Estado e incorporarse a un sistema privado de jubilación de capitalización individual que los ha sumido en la pobreza, el cual ha sido imitado por una treintena de naciones, incluidas Perú, República Dominicana, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Uruguay y México.
El último sueldo de Pereda fue del equivalente a unos 1.000 dólares. Pero ahora la familia vive con menos de la mitad, 441 dólares: 200 que recibe como pensión de jubilación, 100 más a título de indemnización por haberse jubilado bajo el modelo que impuso la dictadura y 140 más que el Estado les da a los discapacitados, pues su hijo sufre de síndrome de Down.
El régimen prometió que las pensiones representarían hasta 70% del último sueldo. Las cifras actuales, sin embargo, distan mucho de ese objetivo.
Rosa Retamal se pensionó en 2009, cuando ganaba el equivalente a 1.860 dólares, y percibe una pensión de 274 dólares. “Yo realmente con este sueldo no puedo vivir”, declaró. “Para nadie es un secreto que las pensiones no están a la altura de lo que esperarían los trabajadores y trabajadoras”, afirmó recientemente la presidenta Michelle Bachelet. “Las administradoras de fondos de pensiones han perdido credibilidad en la ciudadanía”.
La mandataria creó una comisión asesora presidencial para el sistema de pensiones, conformada por 25 personas, incluidos nueve expertos extranjeros, que en agosto deberá hacer sugerencias para mejorar el sistema.El anterior presidente de la asociación de administradoras, Guillermo Arthur, dijo que las críticas al sistema de jubilaciones privadas “no tienen mucho asidero”. Indicó que las empresas “han administrado los recursos de los trabajadores de una manera extraordinariamente eficiente, con una rentabilidad superior al 8%”.
La alta rentabilidad, sin embargo, no incide en el monto de la pensión.
El cálculo de las pensiones es muy cruelLas administradoras calculan las pensiones según las expectativas de vida, 83 años en las mujeres y 77 en los hombres, según una tabla de la Superintendencia de Pensiones. Cuando cumplen un año más tras jubilarse, les rebajan la pensión, porque se estima que vivirán más de lo calculado inicialmente, para que sus ahorros duren más años.
“Las personas afiliadas a las administradoras, por definición, recibirán malas pensiones, (porque) el dinero acumulado no tiene como objetivo pagar pensiones, sino alimentar al voraz mercado extranjero”, sostuvo una jubilada, aludiendo a las inversiones en el extranjero que hacen las administradoras.
Ahora, no sólo se cobra menos, sino que una enorme cantidad de jubilados no puede seguir pagando un servicio de salud privado y ha terminado en el sistema público.




