La lista negra de políticos europeos y responsables comunitarios non gratos que tienen prohibida la entrada en territorio ruso ha abierto una nueva crisis entre el Kremlin y la Unión Europea (UE).
“La respuesta en simple, esto fue hecho como respuesta a la campaña de sanciones lanzada contra Rusia por parte de varios Estados de la UE encabezados por Alemania”, informó una fuente diplomática de la Cancillería rusa.
Rusia se refiere tanto a las sanciones financieras, como a la congelación de activos y negación de visados contra ciudadanos rusos, líderes rebeldes de las regiones ucranianas prorrusas de Donetsk y Lugansk, y autoridades de la anexionada península de Crimea.
Tras varios días de silencio y en medio de un aluvión de críticas europeas, Moscú reconoció finalmente la existencia de dicho listado, aunque se negó a desglosar los nombres y apellidos de las 89 personas non gratas, y a explicar el criterio y base jurídica.
Poco importa, ya que, gracias a las filtraciones a la prensa, es de dominio público que los afectados son casi una treintena de actuales y antiguos miembros del Parlamento Europeo; responsables de los servicios secretos de las tres repúblicas bálticas, y militares de alto rango de Alemania, el Reino Unido y Polonia, entre otros.
