La decisión anula el fallo temporal que había bloqueado la iniciativa tras una demanda presentada por más de 20 estados, sindicatos docentes y distritos escolares. La propuesta busca reducir un tercio del personal del Departamento solo en este año, lo que representa más de 1.300 despidos.
El objetivo de la administración Trump es achicar al máximo la estructura del Departamento de Educación, limitando su rol a funciones básicas como la administración de becas, ayudas financieras y préstamos estudiantiles.
Trump busca devolver el control educativo a los estados
Aunque la Casa Blanca admitió que no puede cerrar por completo el Departamento, una atribución que corresponde al Congreso, el plan es desmantelar áreas clave para que las competencias regresen a los gobiernos estatales. Según el equipo de Donald Trump, el sistema actual representa un “desperdicio del presupuesto federal” y requiere una reorganización profunda.
A largo plazo, el recorte podría alcanzar el 50% del personal del organismo. Esta decisión encendió alarmas en sectores educativos que temen el impacto en la calidad y equidad de la educación pública en Estados Unidos.
Críticas desde la Corte y defensa del Gobierno
Como suele ocurrir en decisiones de emergencia, los jueces que votaron a favor no dieron explicaciones detalladas. En cambio, las tres magistradas liberales, Sonia Sotomayor, Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan, se opusieron al fallo.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, celebró la decisión: “Confirma lo obvio: el presidente de Estados Unidos tiene la autoridad para tomar decisiones sobre personal y estructura federal”.
Para McMahon, la medida es una “victoria para estudiantes y familias”. Sin embargo, también reconoció que es preocupante que fue necesario que la Corte Suprema interviniera para habilitar reformas que, según dijo, “los estadounidenses eligieron” al votar por Donald Trump.


