El 14 de agosto de 2007, a través de una declaración, el Congreso Nacional aprobó el siguiente texto: “Adhiérase a lo determinado en la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico, en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999, que eligió como Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niñas/Niños, en conmemoración a la fecha del 23 de septiembre de 1913, de promulgación de la ley 9.143 de nuestro país, que fue la primera norma legal contra la prostitución infantil y conocida como la Ley Palacios”.
A partir de entonces en nuestro país se conmemora ese día todos los años el “23 de septiembre” y, con mayor énfasis, por haber sido redactada la mencionada ley por el Doctor Alfredo Lorenzo Palacios, primer Diputado Nacional Socialista en América Latina.
A más de un siglo de aquella ley, el flagelo de la trata sigue vigente y, después del tráfico de drogas y armas, es el negocio transnacional que genera mayores dividendos. Según un informe de las Naciones Unidas este negocio genera más de 40.000 millones de dólares al año.
Según Ban Ki Moon, Secretario General de la ONU, “la trata de seres humanos es una industria mundial despiadada que niega a las víctimas sus derechos y su dignidad y genera miles de millones de dólares para las redes de la delincuencia organizada”.
Quienes caen en las redes de los tratantes pueden enfrentar la explotación sexual, distintas formas de trabajo esclavo y mendicidad forzada, perdiendo de esta manera los derechos básicos de cualquier ser humano, como la libertad, la seguridad y el derecho a vivir sin ser objeto de violencias.
En nuestro país, desde 2008, con la sanción de la Ley Nacional Nº 26.364 “Ley de Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a las víctimas” se han rescatado hasta el 31 de mayo de este año 6.992 personas a través de 3.288 allanamientos realizados. Cada provincia tiene leyes posteriores a la mencionada, intentando fortalecer la misma.
Hoy, aunque existen con varias leyes para condenar esta actividad, Argentina sufre esta problemática vigente y en aumento.
