La policía chilena ha demostrado ser incapaz de dar con los responsables de 29 ataques con bombas en dos meses. Ayer dos bombas de estruendo llevaron intranquilidad a los habitantes de Viña del Mar.
Chile pidió ayuda a agencias de seguridad extranjeras para identificar a quienes perpetraron un ataque en el metro que dejó 14 heridos mientras volvieron a registrarse falsos avisos de bomba y crece la paranoia en la población.
El fiscal Raúl Guzmán informó ayer que “respecto de la ayuda a países extranjeros y vecinos dentro de las diligencias de investigación se ha solicitado el apoyo de organismos internacionales, de manera de contar con todos los antecedentes, sin perjuicio de la labor que han realizado nuestros organismos internos”.
Las investigaciones se orientan hacia grupos anarquistas como presuntos responsables de los últimos atentados, según reveló el fiscal Alberto Ayala.
Guzmán, que declinó revelar a qué países se pidió colaboración, se reunió con las máximas autoridades policiales para coordinar la investigación de los 29 ataques con bombas ocurridos en lo que va del año.
El especialista en temas de seguridad y constitucionales Sergio Morales, del conservador Instituto Libertad y Desarrollo, dijo a AP que “más que un tema de grupos políticos que podían existir antiguamente que realizaban atentados, yo creo que estamos hablando ya de grupos violentos per se que están realizando continuamente este tipo de actos (terroristas)”.
Recordó que además de los atentados al transporte público “ha habido ataques a un par de iglesias, a cajeros automáticos, a comisarías y al metro ahora, entonces no es algo menor”.
Al clima de tensión se suma la proximidad de un nuevo aniversario del golpe militar de 1973, cuando tradicionalmente se producen desórdenes. El gobierno ha reforzado la presencia policial en el tren subterráneo y en puntos específicos de la ciudad.
En el vecino balneario de Viña del Mar, estallaron dos bombas de ruido frente a sendos supermercados. La primera la noche del martes causó un trauma acústico a una mujer y la segunda ayer por la tarde.
En Santiago una de las estaciones principales del metro, Universidad de Chile, fue cerrada temporalmente tras una denuncia por la presencia de un objeto abandonado, lo que desencadenó un operativo de los escuadrones antibombas. El objeto resultó ser un maletín de un técnico que trabajaba en el lugar.
Juana Bisbal, una profesora de 58 años, opinó que “consideraba el metro como el transporte más seguro. Ahora desconfío de la seguridad y evitaré utilizarlo”.
El escuadrón antibombas también debió acudir a la casa central de la Universidad Católica por una denuncia de un objeto sospechoso para concluir que el supuesto artefacto explosivo era “ropa en desuso”. Situaciones similares se vivieron el martes.
La oleada de denuncias de supuestos artefactos explosivos más los falsos avisos de bomba se desató con fuerza después de que el lunes terroristas detonaron una poderosa bomba en una galería comercial contigua a una de las más grandes estaciones del subterráneo de Santiago, Escuela Militar, que dejó 14 heridos.
El ataque, que siguió a uno de mediados de julio a un vagón del metro y a otro en agosto frente a una parada del transporte público, despertó las críticas de diversos sectores, especialmente de la oposición derechista, a la Agencia Nacional de Inteligencia por no poder prevenirlos y a la fiscalía por no dar con los responsables en dos meses de investigación.
