Al menos una docena de inmigrantes detenidos en el centro conocido como “Alligator Alcatraz”, en los Everglades de Florida, llevan 12 días en huelga de hambre, según denunció Thomas Kennedy, defensor de derechos humanos de la Coalición de Inmigrantes de Florida. La instalación, abierta hace solo un mes, fue fuertemente cuestionada por las condiciones inhumanas que se reportan desde dentro.
Kennedy asegura que los detenidos enfrentan falta de comida adecuada, problemas sanitarios graves, filtraciones por lluvias e incluso dificultades para comunicarse con abogados. “Nuestros clientes limpian excremento con sus manos. Apenas tienen agua, y hablar con un abogado es casi imposible”, afirmó.
El gobierno de Estados Unidos lo niega todo
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió negando categóricamente la existencia de una huelga de hambre. En un comunicado enviado a CNN, declararon: “FALSO. No hay huelga de hambre en Alligator Alcatraz. Estas acusaciones solo buscan desprestigiar a nuestros agentes de ICE”.
El DHS detalló que ICE proporciona tres comidas al día y suficiente agua, y que la seguridad de los detenidos es una “máxima prioridad”. También insistieron en que se siguen los protocolos establecidos durante huelgas de hambre, aunque negaron que esté ocurriendo alguna actualmente.
Restricciones, opacidad y dudas legales en el sistema carcelario
“Alligator Alcatraz” opera en una cárcel temporal con jurisdicción poco clara. Los inmigrantes no figuran en el sistema de localización de ICE, lo que impide que abogados y familiares sepan dónde están. Desde su apertura, se restringió el acceso a medios, defensores de derechos humanos y representantes legales.
Kennedy advirtió que esto representa una grave violación del debido proceso y de los derechos constitucionales. “No sabemos quién tiene el control. Y eso no solo es preocupante, es peligroso”, sostuvo.
El centro fue inaugurado en julio con la presencia de Donald Trump, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y el gobernador Ron DeSantis. Un juez federal reconoció esta semana la “confusión” sobre qué agencia tiene control real sobre la instalación.




