El presidente Santos y el jefe máximo de las FARC anunciaron un convenio histórico sobre justicia para intentar ponerle fin al conflicto que lleva más de 50 años.
En 6 meses estaría firmado el acuerdo de la ansiada paz en Colombia
Por UNO
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe máximo de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, anunciaron un histórico acuerdo sobre justicia transicional para intentar ponerle fin al conflicto de más de 50 años que incluirá amnistías amplias o indultos –no para delitos de lesa humanidad–, y señalaron que a más tardar en 6 meses, es decir en marzo de 2016, deberá estar firmado el Acuerdo Final del Proceso de Paz.Tras un día cargado de expectativa y rumores, el máximo líder de la guerrilla y la cabeza del Ejecutivo de Colombia se reunieron por primera vez en La Habana –nunca se habían visto anteriormente– y tras un encuentro privado, encabezaron un acto en el que asistió también el presidente de Cuba, Raúl Castro, y delegados de los países garantes y acompañantes del proceso de paz, Noruega y Cuba, y Venezuela y Chile.
De acuerdo con el anuncio, se creará una jurisdicción especial para la paz, que contará con salas de justicia y con un Tribunal Especial que estarán integrados especialmente por magistrados colombianos y, en participación minoritaria, juristas extranjeros.La función de estos dos mecanismos será, según el acuerdo, “acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición”.
El acuerdo, leído por los delegados garantes de Cuba, Rodolfo Benítez, y de Noruega, Dag Nylander, expresa que a la terminación de las hostilidades, el Estado otorgará “la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos”. En ese sentido, aclara que “en todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que correspondan con delitos de lesa humanidad, el genocidio y crímenes de guerra, como la toma de rehenes, secuestro, tortura desplazamiento forzado, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual. La jurisdicción especial para la paz tendrá competencia para juzgar no sólo a los miembros de la guerrilla sino a todos los agentes del Estado por los delitos cometidos en el contexto de la guerra y contempla dos tipos de procedimientos, uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente”, dice el texto.La guerrilla insistió en que no irá a la cárcel Las FARC, movimiento armado compuesto hoy por unos 6.400 guerrilleros cuando hace algo más de una década eran más de 20.000, según cálculos oficiales, han insistido en que no pagarán un día de cárcel y que no dejarán el campo de batalla para ser tratados como criminales, en contra de lo que han pedido organismos internacionales como la Corte Penal Internacional.Han dicho que sólo pasarían por la cárcel si junto con ellos va la cúpula militar, y los empresarios y políticos que financiaron a los grupos paramilitares, también responsables de masacres, desplazamientos, extorsiones y secuestros.El Gobierno se ha esforzado por insistir en que su marco de la llamada “justicia transicional” no representa impunidad para los crímenes de la guerrilla, como el secuestro de civiles, el reclutamiento forzoso de niños y la participación en el tráfico de drogas, motivos por los cuales algunos miembros de la cúpula de las FARC han sido procesados en Estados Unidos.Ante el rumor de un posible acuerdo, sectores conservadores del país han reaccionado con contundencia ante lo que consideran la rendición del gobierno ante el grupo armado.“Santos, no es la paz que está cerca, es la rendición de las FARC y la tiranía de Venezuela”, dijo el ex presidente Álvaro Uribe vía Twitter.
