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EE.UU. prevé dos ejecuciones más antes de la salida de Trump

Las autoridades federales informaron la ejecución de una mujer de 52 años, mientras que el actual gobierno prevé la pena capital para dos condenados en Indiana

Las autoridades federales de Estados Unidos informaron este jueves de la ejecución de una mujer de 52 años, mientras se prevén dos nuevas penas capitales antes de la salida del actual presidente Donald Trump de la Casa Blanca la próxima semana, incluyendo la de un ex narcotraficante condenado a muerte este jueves por una serie de asesinatos.

Un tribunal federal condenó este jueves a Corey Johnson, quien formaba parte de una banda que cometió en 1992 una decena de asesinatos en la región de Richmond, en Virginia, y participó en siete de ellos.

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El afroestadounidense, de 52 años, recibirá en las próximas horas una inyección letal en la cárcel federal de Terre-Haute, en Indiana, a menos que la Justicia le conceda una suspensión a último momento.

Entretanto, este viernes las autoridades prevén ejecutar a Dustin Higgs, un hombre negro de 48 años, que fue declarado culpable por el secuestro y asesinato de tres jóvenes en terrenos federales, cerca de Washington, en 1996.

Ambos condenados contrajeron coronavirus en diciembre pasado, por lo que un juez decidió el martes último aplazar sus ejecuciones durante varias semanas.

Con sus pulmones todavía en recuperación, la inyección de pentobarbital -que se utiliza en ejecuciones- podría causarles un sufrimiento impedido por la Constitución, que prohíbe las penas "crueles", estimó el tribunal, citado por la agencia AFP.

Sin embargo, este miércoles una corte de apelación, controlada por el Ministerio de Justicia, anuló la postergación de las condenas y se prevé que alcance a la Corte Suprema, así como otros recursos de último minuto.

Los abogados de Corey Johnson alegan que el condenado tiene serias limitaciones intelectuales lo que, según ellos, impide su ejecución.

Pero la Corte Suprema, reformada por Trump, está integrada por seis jueces conservadores sobre nueve que, desde hace meses, dieron luz verde al gobierno republicano en los casos de pena capital.

El presidente, ferviente defensor de la pena de muerte, así como sus electores más conservadores, ignoró todas las demandas de clemencia que dirigieron los condenados, y su Gobierno reanudó en julio pasado las ejecuciones federales, tras 17 años de pausa y a un ritmo nunca visto.

Esto va a contramano de los estados que decidieron suspender las ejecuciones desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, con el objetivo de mitigar los riesgos de la propagación del virus.

Once estadounidenses recibieron desde el verano boreal, que comenzó en junio, inyecciones letales en Terre-Haute, entre ellos una mujer, la primera en casi 70 años, ejecutada pese que sus defensores alegaron que padecía trastornos mentales graves y que no comprendía el sentido de su condena, lo que debe ser una condición indispensable para proseguir con la ejecución.

"Lisa Montgomery, 52 años, fue ejecutada en la penitenciaría federal de Terre Haute, del estado de Indiana, a las 1.31" , se anunció este miércoles en un comunicado el Departamento de Justicia.

Montgomery, que en 2004 mató a una embarazada para quedarse con su feto, recibió una inyección letal "de acuerdo con la pena capital recomendada por unanimidad por un jurado federal e impuesta por la Corte del Distrito de Estados Unidos" de Missouri, prosiguió el documento.

El presidente electo, Joe Biden, quien prestará juramento el miércoles próximo, se opone a la pena de muerte y prometió trabajar junto al Congreso para tratar de abolirla a nivel federal, mientras que los parlamentarios demócratas presentaron un proyecto de ley en ese sentido este lunes.