La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, convocó ayer a un pacto nacional bajo la premisa de que se respete a los electores y sostuvo que la oposición está "creando un ambiente propicio para un golpe" al rechazar una delación premiada (acuerdo con el Tribunal) de la empresa constructora Andrade Gutiérrez que indica que la donación de campaña de las elecciones de 2014 tuvo origen en sobornos en obras públicas.
"Brasil necesita actualmente de un gran pacto porque el país superó momentos difíciles haciendo pactos, pero ningún pacto o entendimiento prosperará si no tiene como premisa el respeto a la legalidad y a la democracia", dijo, al calificar de golpe de Estado el juicio político que se le sigue en la Cámara de Diputados.
La mandataria encabezó en el Palacio del Planalto el Encuentro de Mujeres por la Democracia, donde confluyeron grupos feministas, mujeres campesinas y sindicalistas y allí se pronunció sobre la crisis política, un día después de que el diputado instructor de su juicio político recomendara abrir el proceso de destitución por delitos en el área fiscal del gobierno. "Quiero un pacto nacional porque gobierno para 204 millones de ciudadanos y por lo tanto la intolerancia y el odio no sirven al gobierno responsable. El pacto que busco es volver a crecer y entregar a mi sucesor un país mucho mejor al actual el 1 de enero de 2019", dijo ante la ovación de la platea en el Palacio del Planalto.
La mandataria aumentó el tono político al rechazar la divulgación hecha por Folha de Sao Paulo de la delación premiada del ex presidente de la constructora Andrade Gutiérrez, el corrupto confeso Otavio Marques de Azevedo, quien afirmó que donó legalmente dinero a la campaña a la reelección de Rousseff en 2014 proveniente de sobreprecios en contratos obtenidos mediante sobornos en Petrobrás y en la hidroeléctrica de Belo Monte.
El juez Teori Zavascki, encargado del caso en el Supremo Tribunal Federal, homologó delación premiada del ejecutivo.