El proyecto fue planteado originalmente en junio de 2012 por el Poder Ejecutivo, como una alternativa para combatir el narcotráfico. La norma también busca "proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante una política orientada a minimizar los riesgos y reducir los daños del uso del cannabis", que promueva la educación y prevención, además del tratamiento y rehabilitación de los usuarios problemáticos de drogas.
El plan establece la creación de un ente estatal regulador que se encargará de emitir licencias y controlar la producción y distribución de la droga: el Instituto de Regulación y Control de Cannabis, que funcionará en la órbita del Ministerio de Salud Pública. Cuando la norma entre en vigencia, la marihuana “legal” se venderá en las farmacias. Los consumidores que se registren podrán adquirir hasta 40 gramos por mes, y se autorizará hasta seis plantas para consumo personal que produzcan no más de 480 gramos por cosecha. Además habrá clubes de cultivadores de Cannabis. Por otro lado, la ley prohíbe toda forma de publicidad de la sustancia psicoactiva y obliga a instalar una materia en escuelas y liceos sobre el consumo de drogas.
Durante las alocuciones, el senador de Asamblea Uruguay, Luís Gallo, dijo que la aprobación de este proyecto significa que el oficialismo está cumpliendo con la Constitución.
"Lo que estamos haciendo es cumplir con el artículo 44 de la Constitución donde dice que el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene pública procurando el perfeccionamiento físico, moral y social y donde dice que los habitantes tienen el deber de cuidar su salud así como de asistirse en caso de enfermedad. Lo que estamos haciendo con esta ley es apuntar a eso que es, en definitiva, lo que la Constitución dice", expresó Gallo.
Mientras tanto, Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional, anunció que para el próximo período de gobierno se buscará la derogación de la ley y que se contará con mayoría parlamentaria para hacerlo.
"El compromiso del Partido Nacional, estoy seguro, de derogar esta ley. Vamos a estar mucho más cerca del camino de la derogación que de cualquier otro camino porque el año que viene va a haber instancias electorales, va a haber elección de un nuevo Parlamento y estoy seguro que, a partir de la composición del nuevo Parlamento habrá mayorías parlamentarias para derogar este proyecto de ley si hoy se transforma en ley", expuso Larrañaga.
Por su parte, Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay, también se refirió a la iniciativa.
"Se piensa que hacer algo distinto, hacer una trasgresión es algo progresista, es de progreso. No, puede serlo como puede no serlo. No alcanza con hacer algo distinto para que sea bueno, quizás puede ser peor. Y esa es, a nuestro juicio, una de las peores cosas de este proyecto", sostuvo el líder colorado.
El ex presidente, Luis Alberto Lacalle, se refirió a la nueva normativa subrayando que se trata de una ley inconstitucional.
"Pocas veces hemos visto enumerar todo un ciclo de una manera más acabada que esta. Se establece, por lo tanto, un monopolio y se establece un monopolio en omisión de la mayoría especial que tiene que tener una norma de este tipo así que ahí vamos de nuevo hacía la SCJ con un tiro en el ala porque aquí está el germen de otra inconstitucionalidad", opinó el exmandatario.
Mientras tanto la senadora, Constanza Moreira, también se refirió al proyecto haciendo énfasis en los jóvenes. "Me anima la convicción más profunda de que este proyecto de ley es muy bueno y de que estamos dando un gran paso, un enorme paso y que este paso tienen que ver con los jóvenes sobretodo a quienes esta sociedad no trata demasiado bien y por algo hay más jóvenes pobres que adultos pobres y, la mayoría de los presos son jóvenes", sostuvo.
Una de las críticas más reiteradas que recibió el proyecto, fue debido a las palabras del presidente Mujica que dijo que "espero compañía en este experimento de la marihuana".
Minutos después de terminara la sesión, el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo que el Poder Ejecutivo pretende reglamentar la norma en 90 días y que el autocultivo comenzará a regir una vez que se promulgue la ley, dentro de 10 días. De la reglamentación dependerá prácticamente toda la puesta en marcha de la norma, ya que establecerá qué variedad de droga se venderá, dónde se producirá, cómo se distribuirá a las farmacias y cuál será el enfoque en cuanto a la marihuana medicinal, entre otros puntos.
Según datos oficiales, en Uruguay unas 300 mil personas admiten haber consumido alguna vez marihuana, y entre 127 mil y 150 mil lo hacen con regularidad.
Una encuesta de Equipos Mori correspondiente al mes de octubre indica que aprueba la regulación de la marihuana el 29% de los encuestados, mientras que la desaprueba el 59%.
El tema despertó interés a nivel internacional, e incluso periodistas de diversos países cubrieron el debate ayer en el Senado. En particular, los vecinos Brasil y Argentina estarán alerta ante la posibilidad de que la marihuana legal de Uruguay traspase las fronteras.