Mendoza Miércoles, 5 de diciembre de 2018

Revés para el IPV por la preadjudicación de un barrio en Luján

El Gobierno le dio la razón a un exfuncionario de Francisco Pérez, quien reclamó por la quita de una casa. Si prospera el pedido, deberán considerarse otras 87 familias por el caso.

Hace más de un año, el exfuncionario del exgobernador Francisco "Paco" Pérez, Gaspar Contreras, no pudo acceder a una casa luego de que el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) determinara que no cumplía los requisitos. Sin embargo, tras un recurso presentado, el IPV ahora deberá ampliar los argumentos a riesgo de tener que preadjudicarle una nueva casa.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial del lunes y el titular del IPV, Damián Salamone, afirmó que son cosas que siempre suceden y con las que tienen que lidiar.

"Tenemos que dar respuesta en función a los criterios. Nos han pedido que ampliemos la resolución y en ese tren estamos. Son cuestiones de rutina", manifestó.

Explicó que en esta instancia deben extenderse en los argumentos que los llevaron a resolver de esa manera. Agregó que si esto prospera, tanto a Contreras como a las otras 87 familias, deberán priorizarlos para readjudicarles una vivienda en futuros barrios.

"Desde el área legal están realizando los dictámenes correspondientes a fin de cumplir con lo ordenado", sostuvieron desde el instituto.

En noviembre de 2015 el IPV preadjudicó a 88 personas una vivienda para cada uno en el Barrio Quinta Boedo de Luján de Cuyo. Sin embargo, en marzo de 2017 dispuso la baja de todos por "no cumplir con las condiciones que les habían exigido para postularse".

En la resolución en que se dictaminó la baja, el instituto manifestó que los 88 preadjudicados no tenían ningún derecho adquirido, sino que estaban sujetos a evaluación y por ello se les quitó la casa.

Especificaron que durante el período de preadjudicación se efectuó un análisis social y de los distintos aspectos que éstos debían cumplir, como así también de la documentación aportada y archivada en los respectivos legajos.

Contreras presentó un recurso de alzada contra las resoluciones del IPV. Esta herramienta legal es de carácter administrativo y se utiliza para que un órgano administrativo revise un acto dictado por otro órgano dependiente jerárquicamente de él, buscando que enmiende conforme el dictamen del órgano inferior.

Fue tanto Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía como Asesoría de Gobierno, quienes evaluaron la situación y argumentaron el decreto que Cornejo firmó.

"En la resolución se alude de manera genérica a que algunos de los postulantes no llenarían los requisitos reglamentarios y no obstante ello, se dio de baja a todos los postulantes, cuando la revisión debió ser específica en cuanto a cada uno de los preadjudicatarios que no cumplían con los requisitos establecidos en el ordenamiento normativo", cita el documento en el Boletín Oficial.

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