El exjuez Luis Francisco Miret agotó las últimas balas en su intento de cobrar una jubilación privilegiada. El exmagistrado, destituido y enjuiciado por presunta complicidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, recibió un revés judicial de la Corte nacional.
Para entender el caso hay que remontarse al año 2011, cuando el ex camarista federal fue destituido en un jury de enjuiciamiento debido a su presunta vinculación con los secuestros y torturas cometidos en la época más oscura de Argentina. La Ley de Jubilaciones y Pensiones prevé que debido a esta situación deje de cobrar su jubilación extraordinaria.
Sin embargo, Miret logró revertir la situación en una primera instancia con una medida cautelar que declaró inconstitucional el artículo de esa legislación. En ese momento, el sistema de seguridad social debía depositarle 12 mil pesos mensuales, ya que al tratarse de una jubilación de privilegio debe respetar el 82 por ciento móvil.
Desde el Consejo de la Magistratura, la ANSES y la Fiscalía apelaron el fallo y lograron revertirlo. Pese a que el exjuez argumentó que necesitaba el dinero para "atender el derecho alimentario" de su esposa y su hija discapacitada, el 30 de julio de 2013 el Juzgado Federal de revocó la cautelar y suspendió la jubilación.
Dos meses después, el procesado insistió ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Nuevamente recibió un revés judicial. En esa instancia, los camaristas aseguraron que no era la vía para realizar el reclamo.
La última ficha la jugó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La semana pasada, los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz le dieron la última negativa a Miret.
Los miembros del máximo organismo de Justicia nacional desestimaron el recurso de amparo argumentando que es inadmisible, es decir, que es insustancial o carece de trascendencia.
Recta final
Desde febrero de 2014, Luis Francisco Miret es uno de los imputados civiles en la megacausa por delitos de lesa humanidad. El excamarista está acusado de ser integrante de la pata civil en Mendoza que ayudó al plan sistemático de tortura y desaparición durante la dictadura militar.
En concreto, está acusad en 7 participaciones primarias por homicidio agravado, 18 omisiones de investigar causas de secuestros, 6 de torturas, 3 de robos y una de violación de domicilio.
El proceso penal, que tiene a 36 personas sentadas en el banquillo de acusados -exjueces, militares y policías-, se encuentra en la etapa de alegatos, última instancia antes de escuchar el veredicto del tribunal.