Víctimas, dos veces. Eso es lo que denunció la Defensoría de las Personas con Discapacidad de Mendoza sobre el embate que hizo la defensa de los imputados en el caso Próvolo. "Si buscamos justicia, tenemos que ir por otro lado y no por el hostigamiento y la duda", dijo el titular de la Defensoría, quien criticó el impacto que tienen esas acusaciones "sobre las víctima, los testigos y toda la comunidad".
Hace unos días, el abogado Carlos Varela, defensor de las monjas Kumiko Kosaka (imputada por abuso sexual y corrupción de menores) y Asunción Martínez (imputada por participación) brindó una conferencia de prensa y anunció que le había pedido a la Fiscalía que "proceda a la detención de los intérpretes de lenguaje de señas como la única manera de separar a estas personas del contacto con las presuntas víctimas" y argumentó que el no hallazgo de elementos relacionados con la causa en las excavaciones realizadas en los jardines del instituto justificaban la medida. "Las víctimas de abuso son víctimas de sus propios intérpretes", dijo.
Varela apuntó específicamente contra las cuatro intérpretes del lenguaje de señas, Débora Pizarro, Nancy Cortez, Sandra Capdeville y César Pellegrini, entendiendo que los datos sobre posibles entierros en ese lugar de elementos útiles para la investigación, no surgieron de las declaraciones de víctimas y testigos del Próvolo, sino por intención de las intérpretes.
La postura de la defensa ya había generado el domingo un fuerte rechazo de Xumek, la organización legal que patrocina a las víctimas como querellante. Ayer el mismo rechazo, aunque planteado directamente desde las personas con discapacidad, fue realizado por la Defensoría que los representa en Mendoza.
"Las religiosas imputadas y su grupo de abogados han pedido la detención de los intérpretes oficiales de Lengua de Señas Argentina (LSA), argumentando que habrían "tergiversado" declaraciones de víctimas y testigos. Este hecho se enmarca en una estrategia -ya públicamente visible- en la cual la defensa no ha tenido reparos en ocasionar mayor dolor entre las víctimas, atentando gravemente contra el ejercicio y goce de sus derechos humanos, su dignidad inherente y la confianza en la Justicia, sentimiento que también se siembra en la sociedad en general", indicaron el un comunicado oficial.
En entrevista con Diario UNO Juan Carlos González, titular de la Defensoría de las Personas con Discapacidad, dijo: "Ese mensaje, que con tanta insistencia trata de dar la defensa de los imputados, es en contra de los intérpretes, pero especialmente en detrimento de las víctimas y es una vulneración de sus derechos y un ataque a su dignidad".
González destacó que, más allá de que los intérpretes cuestionados por la defensa están ampliamente avalados por la Confederación Argentina de Sordos, la Asociación Sordos Mendoza, el Movimiento de Sordos Mendoza y la Facultad de Educación UNCuyo, y que fueron reconocidos por la Justicia provincial, quien incluso rechazó la recusación que se les realizó en su momento, "gozan de la plena confianza de cada uno de quienes los han elegido, la persona sorda que ha decidido en quién delegar su voz y quién va a ser el que escuchará por ella, y este es el aval principal y determinante". Al respecto agregó que de allí surge el concepto "Nada sobre nosotros, sin nosotros".
En el comunicado se indicó: "No por la discapacidad las personas somos manipulables. No por sombrías estrategias judiciales los derechos humanos fundamentales deben limitarse en retroceso de nuestras históricas conquistas y no por altisonantes anuncios ante la prensa deben desacreditarse acciones de profesionales idóneos y avalados o dichos de testigos, ni por ello la contundente realidad ha de modificarse, pues probado está que en el instituto Antonio Próvolo de Mendoza, los imputados en la causa cometieron y/o fueron cómplices de hechos de abuso sexual de niños y adolescentes con discapacidad que se encontraban bajo su responsabilidad".
