A esta altura de los acontecimientos, el caso de pedofilia que involucra a la Iglesia Católica de Mendoza y señala al instituto para la educación de chicos sordos y sordomudos como "la escuela del horror", donde curas abusaron sistemáticamente de niños y niñas con discapacidades durante años, parece un laberinto de espejos, donde una denuncia trae aparejada otra y otra más. Se ha vuelto casi interminable.
Con la intención de proteger y beneficiar a los más vulnerables de esta cadena de delitos y de desidia de la Iglesia y del Estado, la Defensoría de las Personas con Discapacidad, en la figura de su titular, Juan Carlos González, ha pedido constituirse en querellante en la causa. Además, como forma de resarcimiento a las víctimas, va a solicitar que la congregación denominada Compañía de María para la Educación de Sordomudos -a la que pertenece el cuestionado instituto Próvolo- se retire de la provincia y entregue el predio, y el edificio en a la Dirección General de Escuelas.
En una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por la vicegobernadora , aseguró que si no es aceptado como querellante en la causa arbitrará todos los mecanismos para concretar esta solicitud.
"Obligación pública"
"Queremos ser categóricos, contundentes y claros: la congregación Compañía de María para la educación de las personas sordas debe retirarse definitivamente. También solicitamos que haga entrega inmediata del predio y las edificaciones", sostuvo González, desde el lugar que ocupa como representante de las personas con discapacidad.
Según manifestó: "El instituto de vida consagrada perdió toda autoridad moral después de que salieran a la luz las circunstancias por las que se investiga a sus integrantes. Sostengo que deberán cumplir con una obligación pública, que no repara daños, pero que dejaría de ocasionar perjuicios tanto a las personas directamente afectadas, como al resto de la provincia", agregó el funcionario.
Qué camino seguirán
Consultado acerca de cuáles son las acciones que seguirán para que este pedido se concrete, González explicó que la primera es esperar que la Justicia los deje constituirse oficialmente en querellantes. Pero, de no ser aceptados, hay opciones. Una de ellas es constituirse en representantes particulares de algunas de las víctimas -a las que brindarán asistencia- y otra es arbitrar algún mecanismo legal para quedarse con el predio. En esto trabajan desde la Defensoría que él conduce.
Están pidiendo informes para determinar quiénes son las personas jurídicas a nombre de las que está el instituto y aseguró que en esto, y a pesar de que la congregación es de orden pontificio -lo que significa que depende directamente del Vaticano- el Arzobispado de Mendoza respalda su existencia.