Mendoza Miércoles, 28 de febrero de 2018

Mendoza trucha II: despiden a 6 operadores del ex COSE por presentar títulos secundarios falsos

A raíz de un rumor, la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil envió pedidos de informes a la DGE para comprobar la validez de los certificados de todos los empleados.

En la mira. La actual dirección del ex COSE investiga la validez de los títulos de todos sus empleados.

El Gobierno de Mendoza dio de baja a seis empleados de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, es decir del ex COSE, por haber presentado títulos secundarios falsos.

Los trabajadores accedieron a la planta permanente en 2014 y las autoridades iniciaron la investigación a raíz de rumores que llegaron a la dirección sobre la existencia de certificados truchos. El pedido de comprobación de la veracidad de los documentos fue realizado en junio del 2016 y la decisión de la desvinculación fue tomada por el Ministerio de Gobierno.

La investigación se inició a mediados de 2016 luego de que llegara a oídos del director de Responsabilidad Penal Juvenil, Arturo Piracés, un rumor que se había originado en las propias asambleas sindicales de que había personal que había ingresado al Estado con certificados que no eran auténticos. Ante esta situación y para despejar cualquier duda, Piracés le envió a la Dirección General de Escuelas (DGE) los títulos de todo el personal de su dirección para que comprobara cuáles eran los auténticos.

La DGE envió las respuestas y el expediente pasó a asesoría letrada y luego al Ministerio de Gobierno, donde se tomó la decisión de apartar a los seis operadores de su cargo.

"Cuando empezó la gestión había rumores que manejaban los mismos sindicalistas de que había gente que estaba con certificados que no eran auténticos. La estrategia que tomé fue enviar todos los certificados de todo el personal y me llegaron estos seis", explicó Piracés a Diario UNO.

Dijo que los trabajadores habían ingresado a sus puestos de trabajo en 2014 y se desempeñaban, hasta este martes, como operadores, es decir, como personal de custodia. El funcionario contó que habló con ellos y les explicó la situación y dijo que estaban muy dolidos porque habían perdido su trabajo.

"Puede haber más porque no me ha respondido la DGE todavía sobre todos los empleados, yo he enviado todos para clarificar las funciones", agregó Piracés, quien afirmó que el martes mismo ya pidió que remplacen a los operadores desvinculados.

Las razones

La novedad de la baja de los empleados fue publicada ayer en el Boletín Oficial de Mendoza con la firma del gobernador Alfredo Cornejo y del ministro de Gobierno, Dalmiro Garay Cueli.

Los seis desvinculados son Franco Rodrigo Munafó, de quien no existen registros en la escuela donde dijo haberse recibido; Juan José Moreira y Pedro Mauro Cristofori de quienes tampoco hay constancias en los establecimientos de donde presentaron los títulos; Pablo Gregorio Tejera y de Aldo Ángel Gabriel Spitaleri cuyos certificados no son auténticos y Humberto Jesús Muñoz Cruz, quien presentó un título que pertenece a otra persona.

Entre las razones por las que se dio de baja a los trabajadores -técnicamente se declaró la inexistencia de las designaciones- el Gobierno expuso: "Los aspirantes a agentes para poder ser designados como empleados en la Administración Pública Provincial debían presentar, como requisito esencial, certificados de títulos secundarios a fin de constatar el cumplimiento de dichos estudios; siendo la presentación de los mismos decisiva para su ingreso", de acuerdo al artículo 25 de la ley 5465.

Por ello, "al presentar certificados falsos es de evidencia palmaria el no cumplimiento de los estudios secundarios, requerimiento esencial dispuesto por la normativa, no acreditando la idoneidad establecida por el artículo 16 de la Constitución Nacional necesaria para poder adquirir el estado de agente de la Administración Pública".

Además, calificaron la conducta de los operadores como "un vicio grosero, ya que estaríamos frente a la comisión de un delito -falsificación de documento y defraudación a la Administración Pública con falsos títulos, figuras que estarían tipificadas por los artículos 292 y 172 del Código Penal".

"Cuando empezó la gestión había rumores de que había gente que estaba con certificados que no eran auténticos, investigamos a todos" (Arturo Piracés, director del ex COSE).

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