El miércoles, en Bariloche, diputados y senadores provinciales y nacionales y referentes de las áreas de seguridad de todo el país se reunieron en la segunda jornada del Consejo de Seguridad Interior y acordaron allí el nuevo protocolo antipiquetes. Ayer se confirmó que Mendoza va a adherir, de acuerdo con lo que aseguraron Marcelo D'Agostino y Néstor Majul, subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales y subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, respectivamente.
El tema por sí solo genera polémica y más tras los dichos de ayer de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien sin titubear dijo en diálogo con radio La Red: "Si no se van en 5 o 10 minutos, los vamos a sacar... A partir de ahora todos van a saber a qué atenerse. Cuando quieran realizar una marcha no podrán cortar las calles, deberán manifestar de una manera ordenada cuando sea programada y cuando sea espontánea procederemos casi inmediatamente".
En Mendoza, el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, explicó que "esto viene a ordenar la forma de peticionar. Después, cada provincia puede hacerle modificaciones al protocolo y ampliarlo. Pero tiene que quedar claro que esto pretende ordenar la protesta".
El Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas hace una distinción entre manifestaciones "programadas" y "espontáneas". Las primeras son aquellas en las que se informa con antelación al área de Seguridad para "establecer un recorrido, tiempo de duración y realización y estimación de participantes" para que la Justicia y la población estén informadas. Las segundas son las que se realizan sin dar aviso, y sobre éstas se puso el acento.
La forma de proceder desde el Estado frente a esas manifestaciones es la siguiente, detalló Majul: "Se acude al lugar de la protesta, se identifica a los líderes y se les pregunta cuál es su petición. Luego, cuando el funcionario público -de la Justicia o del Ejecutivo- toma el reclamo, se les ordena abandonar la calzada, ya que fueron escuchados. Si el reclamo persiste y no desisten, inmediatamente se hace actuar a la Justicia para que ordene la actuación de las fuerzas de seguridad -Policía o Gendarmería- siempre limitando al mínimo la fuerza".
"Esto es una política que bajó el gobernador Alfredo Cornejo apenas asumió: no permitir piquetes. Se va a garantizar absolutamente el derecho de reunirse y peticionar ante las autoridades pero ese derecho se va a garantizar siempre y cuando no sea un delito como cortar el tránsito", dijo D'Agostino.
Un caso de referencia, explicaron los funcionarios, fue la protesta en reclamo de la liberación de Milagro Sala sobre el nudo vial de Acceso Este el 22 de enero pasado, que terminó en dos manifestantes imputados por no permitir el libre tránsito.
"Es más, el artículo 194 del Código Penal habla del entorpecimiento de la circulación vehicular. Si alguien impidiere o estorbare el libre tránsito, estaría cometiendo un delito", detalló D'Agostino.
Otro dato importante es que todo este protocolo apunta pura y exclusivamente a las protestas que se hacen para reclamar. Casos como una procesión religiosa no son alcanzados por esta normativa, que contó con el 80% de adhesión de las provincias.
Patricia Bullrich dijo que esto se formuló a medida de lo que pidió el presidente Macri, "porque no queremos encapuchados ni palos. A quienes protesten con capuchas y palos se les van a secuestrar los elementos contundentes. Y si se niegan se los va a detener".
En todos los casos pueden actuar sin orden judicial la Policía (si es jurisdicción provincial) o la
Gendarmería (si es jurisdicción nacional), aunque deben informar a la Justicia simultáneamente.
Rechazo de sindicalistas mendocinos
Algunos referentes sindicales de Mendoza manifestaron su oposición a la nueva normativa para las manifestaciones sociales.
"Primero que nada el protocolo es anticonstitucional. Limita el derecho a huelga y está en contra de los derechos que tiene toda persona de peticionar. Por ende está en contra de las normativas de los trabajadores y de la Organización Mundial del Trabajo. En dos palabras: es nulo", sentenció Roberto Macho, titular de ATE.
"Y en el lado político el Gobierno nacional y provincial se tienen que encargar de encontrar soluciones a las problemáticas que tenemos los trabajadores y la sociedad, en vez de estar buscando protocolos y normativas que van en contra de las manifestaciones populares. Que sepan gobernar y que no larguen normativas para criminalizar la protesta de los trabajadores", agregó Macho.
Adrián Mateluna, secretario general del SUTE, que por estas horas está abocado íntegramente a la paritaria docente, fue breve y contundente: "Para nosotros la posibilidad de manifestarse es fundamental. Hace a la democracia. Una persona sale a protestar por necesidades concretas sobre las que no encuentra respuestas. La violencia nosotros no la justificamos bajo ningún concepto. Son dos cosas distintas".
