Ya electo, pero cuando aún no asumía, Alfredo Cornejo concedió decenas de entrevistas. Además de hacer foco en el famoso ordenamiento del Estado -"en todos y cada uno de sus rincones"- adelantó que su pretensión era la de resolver problemas "de este mundo", oscilando entre los perros peligrosos, la calidad educativa, la buena atención en los hospitales públicos, hasta el problema de la seguridad vial.
Y acá estamos, arrancando el segundo mes del año, con una estadística que marca la prioridad de la agenda: durante enero volvió a dispararse la cifra de muertos en accidentes viales: fueron 28, contra los 20 que se registraron en igual período de 2015.
El primero en tomar nota del poco alentador dato fue el secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli. Es que a su cargo quedó la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, una estructura creada durante la gestión de Francisco Pérez con la intención de disminuir la cantidad de siniestros, unificar criterios para la registración de datos de los fallecidos y discapacitados, más la coordinación de todos los recursos económicos y humanos dispersos. Hoy, el organismo está acéfalo, pero la idea es que siga funcionando a cargo de una persona idónea y capacitada.
"Mi objetivo será coordinar con el Ministerio de Seguridad y las comunas. Además, la semana que viene recibiremos a funcionarios del Consejo Federal de Seguridad Vial y allí conoceremos qué se viene en la materia a nivel nacional. Prometo ocuparme", asegura Marinelli.
En Seguridad también son conscientes de la necesidad de salir con más operativos de control a las calles. Les preocupa: la cantidad de accidentes en la ruta 7 entre San Martín y La Paz, las motos, las bicis con motor (que no tienen ningún tipo de regulación) y los conductores ebrios. "Son muchos frentes. Estamos trabajando", dice por su pare Oscar Hómola, flamante director de Seguridad Vial.
La siniestralidad es un dilema sobre el que se viene poniendo parche sobre parche. No es una apreciación ligera. Según un informe del senador del PJ-Frente para la Victoria, Gustavo Arenas, entre 1994 y el 2015 se presentaron 282 proyectos para modificar la Ley de Tránsito de Mendoza, lo que en promedio da unas 15 normas por año, o más de uno por mes.
Sin ir más lejos, en setiembre del año pasado la Cámara de Diputados le dio media sanción a un paquete de leyes que incluía aumentar hasta los 30.000 pesos las multas graves, prisión efectiva para los que manejen borrachos y establecer como fijos los controles de alcoholemia en los ingresos a Mendoza. La aprobación recibió el consenso de todos los partidos, pero así y todo nunca avanzó en el Senado.
Las comunas, en tanto, también ven florecer sus propias ordenanzas, policías departamentales incluidas.
A nivel nacional existe una norma, la 26.363, que en la provincia no se aplica porque nunca adhirió, como ya lo han hecho otras 18 jurisdicciones. El no haberse sumado al planteo nacional impide instaurar la licencia de conducir por puntos, acceder a nuevos recursos de infraestructura o movilidad terrestre y aérea para hacer mejores controles en las rutas nacionales 7 y 40.
Y el Congreso no queda fuera de los esfuerzos aislados, como cuando el ahora ex senador nacional Adolfo Bermejo intentó impulsar la controvertida "tolerancia cero" para todo el país, que tampoco prosperó.
El mismo derrotero sufren las campañas de concientización, algunas de las cuales recibieron un 10 felicitado en su lanzamiento y un cachetazo cuando se agotaron los recursos económicos para sostenerlas y afianzarlas.
Marchas y contramarchas, recursos insuficientes, leyes cual espasmos y cero política de Estado.
Emprolijar el Estado es una acción que ya está en marcha. Llega la hora de encender otros resortes, esos que le darán solución a los "problemas cotidianos, del ciudadano de a pie", tal como los definió el gobernador.
