Un amparo impide la redistribución de unos 22.000 afiliados de la Sociedad Española de Socorros Mutuos y de la clínica Caimarí.

La Justicia le puso un freno al PAMI en la caída de dos contratos

Por UNO

Un amparo judicial interpuesto por la Sociedad Española de Socorros Mutuos y la clínica oftalmológica Caimarí obligó al PAMI a dejar en suspenso la redistribución de los jubilados que allí estaban asignados: unas 22.000 personas.

El resto -3.000 jubilados asignados a la Clínica Santa Isabel de Hungría- seguirán siendo atendidos en ese lugar hasta el 30 de este mes, de acuerdo al contrato. A partir de esa fecha deberán integrarse al hospital privado Santa María y a la clínica A Mano.

En este contexto, se está conversando con varios prestadores del medio, incluso podría incluirse algún efector público, siguiendo un criterio de proximidad territorial. Esto se explica porque si judicialmente se resuelve a favor del PAMI, la reubicación de los jubilados de las dos primeras clínicas privadas será inevitable. Ahora, si pasa lo contrario, todo seguirá igual.

Esta es la novedad más fuerte que dejó el encuentro entre el titular de PAMI en Mendoza, Carlos Valcarcel, los senadores de la Comisión de Salud y varias organizaciones de jubilados que expresaron, no sólo su descontento por los continuos cambios de prestadores y los trámites que esto conlleva, sino también porque cada vez es más difícil obtener anteojos, sillas de ruedas, prótesis, camas para internación, incluyendo los medicamentos que dejaron de ser reconocidos al 100%.

Durante más de dos horas, Valcarcel dio detalles sobre las derivaciones de una resolución de abril, en la que todos los contratos con las clínicas privadas fueron rescindidos para dar lugar a un nuevo sistema de pago de los servicios. Esto es, abonar por prestaciones, es decir por cada estudio, consulta, derivación a especialistas hecha a cada paciente, a realizar dicho pago por una cápita, una suma fija mensual para atender una cierta cantidad de jubilados.

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Lo que sucede con el primer método es que las clínicas tienden a sobreprestar para obtener más recursos. En el segundo caso, es al revés, se subpresta para que la cápita rinda más. Claro está que siempre existe la discusión sobre la delgada línea de lo que necesita un anciano enfermo, por lo que estos pacientes dependen casi de forma exclusiva de la integridad de los médicos para someterlos a los tratamientos que correspondan, junto con una cuidada auditoría desde el PAMI. Sin embargo, difícilmente dichos controles sean efectivos, ya que para los 225.000 afiliados a esta obra social, existen sólo 8 auditores y 7 trabajadoras sociales, tan necesarias al momento de evaluar la pertinencia de un subsidio o cuidado personal, etc.

Valcarcel detalló que el PAMI tiene formas de pago mixtas, en el primer nivel (médicos), se paga por cartera asignada y pago por prestación; en el segundo nivel (clínicas), por cápita, y en el tercero, (alta complejidad), por cartera asignada y módulos. Y dijo: "Supongo que se cambió el sistema para mejorar el gerenciamiento y reducir el gasto".

El senador Gustavo Arenas (PJ) cuestionó las respuestas dadas y adelantó que insistirá en la necesidad de que se presenten la ministra de Salud, Claudia Najul, y los dueños de las clínicas para buscar soluciones de largo plazo.

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Nicolás Bordón / Diario UNO.
Nicolás Bordón / Diario UNO.
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