Mendoza Jueves, 11 de octubre de 2018

Investigan a un policía que robó por lo menos 1.500.000 pesos del Ministerio de Seguridad

Trabajaba en el área de administración y tenía a su cargo recabar el dinero de multas que cometen en Mendoza personas que son de otras provincias.

Un policía de 45 años es investigado en la Justicia Penal y en la Inspección General de Seguridad, luego de descubrir que robaba dinero del Ministerio de Seguridad de Mendoza. Indicaron que hasta el momento se trataría de 1.500.000 pesos, pero el monto puede ser más elevado.

Se trata de un Principal (PA) con 23 años de antigüedad en la fuerza. Desde julio de 2017 estaba en el área de contaduría, donde se encargaba de juntar el dinero de las multas pagadas.

El titular de la Dirección general de administración del Ministerio de Seguridad fue quien detectó el faltante de dinero, y a partir de allí se inició una investigación interna, hasta que se llegó al efectivo, quien habría reconocido los hechos, según indicó el ministro Gianni Venier.

Por su parte, el titular de la Inspección General de Seguridad, Marcelo Puerta, dijo a este portal: "Estamos llegando a la cuenta de 1.500.000 pesos en lo que va de este año", y advirtió que el monto puede ser mayor, debido a que aún no tienen el arqueo correspondiente del año pasado.

Puerta explicó que el dinero presuntamente robado corresponde a las "multas cometidas por los habitantes de otras provincias que pasan por nuestra provincia, y que después que la multa fue realizada, un juez de Tránsito impone el monto, el cual se le envía a la persona en la provincia en la que viva".

Una vez que el infractor hace el depósito para pagar la multa, este policía, con 23 años en la fuerza, recogía ese dinero depositado en el Banco Nación para luego rendirlo en el Ministerio.

En ese movimiento de dinero que realizaba era cuando se quedaba con parte de la plata, para no hacerlo tan evidente, y falsificaba las rendiciones.

La denuncia fue radicada ante la fiscal Susana Muscianisi, de Delitos Económicos, y luego en la IGS.

"Nosotros ya pedimos la pasiva, es decir que deje de trabajar por 60 días y va a percibir menos de la mitad del suelto. Vamos a citarlo para a indagatoria, si quiere declarar o no, con un defensor, si quiere presentar pruebas, después serán los alegatos, y una posible sanción", detalló el titular de la IGS.

Dijo que la sanción puede ir desde días de suspensión a la exoneración.

Venier sostuvo que se trata de una estafa agravada contra bienes del Estado, lo que prevé una pena de 2 a 6 años para la Justicia penal.

Además, se investiga si hubo conocimiento, encubrimiento, connivencia o participación primaria o secundaria de otro empleado de la fuerza o de algún civil.