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Cornejo acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de "mentir descaradamente"

El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo responderá formalmente a las críticas que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su política de prisión preventiva que impulsó modificando la normativa y ampliando los casos en los que puede ser aplicada, por la reincidencia o la reiterancia.

Además el mandatario cuestionó ayer severamente las observaciones realizadas a la cantidad de presos cuyos casos no han sido revisados por un juez de garantía y que ya tiene otro antecedente: el hábeas corpus pedido por Xumek y otorgado por la Suprema Corte de Justicia en diciembre de 2015.

Sobre el primer tema, la CIDH había señalado luego de que un enviado de la OEA visitara Mendoza y recorriera diferentes penitenciarías que "la prisión preventiva tiene un carácter estrictamente excepcional y su aplicación se debe adecuar a los principios de legalidad, presunción de inocencia, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Esta medida procede única y exclusivamente en los casos y conforme a los requisitos expresamente previstos por la ley y sólo es admisible cuando se dirige a cumplir sus fines legítimos, consistentes en prevenir el riesgo de que el imputado eluda la acción de la Justicia y evitar que obstruya el normal desarrollo de las investigaciones o el proceso".

Es por esto que el mandatario provincial acusó a la CIDH de "estar absolutamente tomada por Raúl Zafaroni, Horacio Verbitsky y algunas ONG. Los mismos que tiran el centro cabecean en esa comisión, es decir son los mismos abogados, los mismos grupos que no dan la cara. Acá en Mendoza yo estoy poniendo la cara, le estoy diciendo a la Justicia que detengan a las personas que usan armas", en lo que se interpretó como un mensaje a la CIDH, a Xumek y a algunos jueces de la Corte con quienes tiene un notorio enfrentamiento, como es el caso de Omar Palermo, como impulsores de los cuestionamientos a su visión antigarantista.

Además, Cornejo acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de "mentir descaradamente sobre el proceso que viene haciendo la provincia para mejorar las unidades penitenciarias".

Según el gobernador, "el informe dice que no les hemos dado la cantidad de plazas de Boulogne Sur Mer y se lo hemos dado por escrito a la persona que vino. Es un informe capcioso de la A a la Z porque habla maravillas del Gobierno nacional, porque le pagó lo que le debía a la comisión, que son unos $20 millones".

Pero además el enojo con el informe es porque pone bajo la lupa las medidas que tomó para frenar el hábeas corpus, que dicho sea de paso el juez de la Suprema Corte Jorge Nanclares volvió a ponderar ayer al recordar los motivos de la Corte para darle lugar.

Es que en este sentido, la CIDH dijo que "se advierte la realización de acciones regresivas tendientes a contrarrestar sus efectos (los del fallo), a través de la aprobación de la ley 8.869, que modifica el Código Procesal Penal mendocino y de la presentación por parte del jefe del Ministerio Público Fiscal de Mendoza de un recurso federal extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, con el objeto de que no se implementara esta decisión por considerarla usurpación de la función legislativa".

En este contexto es donde debe entenderse la reacción del gobernador cuando dice que "esos pequeños sectores no se animan a decir que tienen una política criminal distinta", por ser más flexibles a la hora de condenar. Y aseguró que "la mayoría de los mendocinos de carne y hueso quiere la política de persecución criminal que tiene el gobernador, en la que aquellas personas que cometan delitos graves esperen su juzgamiento en prisión y no en libertad".

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