“Desde que supo que iban a regalar a sus gatos entró como en una desesperación y habla permanentemente de matarse”, indicaron quienes están cerca a diario con el israelí Gil Pereg, acusado de asesinar a su madre y su tía en su casa de Guaymallén.
Durante el martes fue notificado de las últimas novedades de su causa, e indicaron que en ese momento manifestó que su vida está en peligro debido a que no tolera más la situación.
Aseguraron que por el momento la medicación psiquiátrica que toma le hace efecto, y no creen que en el corto plazo atente contra su vida, aunque no saben cuánto tiempo más podrá estar así.
Gil Pereg les contó a sus abogados que le dijo al médico psiquiatra del Servicio Penitenciario que quería suicidarse, a lo que este le contestó que él ya había solicitado que fuese trasladado a un hospital, pero que el pedido había sido rechazado por la Justicia, por lo que si tenía algún intento de suicidio iban a tener que esposarlo dentro de su celda para evitar que se autolesione.
“Si lo bañan contra su propia voluntad, a una persona con probados problemas psiquiátricos, se está convalidando la tortura. Esto para él es una tortura”, expresó su abogado Maximiliano Legrand.
Y agregó: “Creo que el Estado argentino está convalidando la tortura con las resoluciones que toman con una persona vulnerable por una situación psiquiátrica, con sobrados elementos de prueba en el expediente con problemas de este tipo”.
Legrand aseguró: “Nosotros vamos a recurrir a la Corte de la provincia y eventualmente iremos a recurrir a la Corte Interamericana si esto se agrava, si vemos que su vida corre un riesgo altísimo. Tendremos que volver a plantear un hábeas corpus. En Mendoza nadie quiere tomar una medida psicofísica de Gil Pereg”.
Si bien no lo volvieron a bañar a la fuerza, y el hombre sigue con sus extraños hábitos de siempre, les dijo a sus defensores que tiene miedo que vuelva a pasar esa situación.
Mientras tanto, la defensa espera que se realice un nuevo peritaje psiquiátrico con sus peritos, ya que la Justicia de Garantías lo ordenó, a pesar que luego se consideró válida la primera que se hizo sólo con profesionales del Cuerpo Médico Forense.