Una desarrolladora de software va a juicio acusada de boicotear una base de datos del Instituto Zaldivar
Una mujer de 40 años está imputada por haber interrumpido un sistema que desarrollo el Instituto Zaldivar para que médicos y clínicas accedan a los legajos médicos de pacientes
El Instituto Zaldívar desarrolló la heramienta tecnológica y hay una mujer acusada de querer sabotearla.
Instituto Zaldívar
Casi todos los oftalmólogos del país han escuchado hablar alguna vez de REVAI. Se trata de un software que desarrolló el Instituto Zaldivar donde los médicos pueden cargar datos y acceder a la historia clínica de sus pacientes. Pero a mediados de mayo de 2022, el sistema se vio interrumpido por un puñado de días generando varios dolores de cabeza en los galenos. En un juicio se determinará si fue por un error informático o si fue boicoteado por una de las programadoras que lo había diseñado.
REVAI son las siglas de Revolución del Ojo en Inteligencia Artificial. Se trata de una plataforma virtual de recolección de información médica sobre la historia clínica de los pacientes. El Instituto Zaldivar tuvo la idea y en 2015 contrató a un equipo de 30 especialistas para desarrollar el software. La líder era Romina Giselle Cano (40) quien trabajaba para una fábrica de software pero desde junio de 2020 fue contratada en forma directa por las autoridades del instituto oftalmológico.
Dentro de las funcionalidades se encontraban una aplicación que los oftalmólogos de todo el país podían descargar en su teléfono celular para acceder y cargar datos sobre los pacientes, incluyendo estudios de imágenes.
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La app de REVAI que el Instituto Zaldívar dispuso para médicos.
El presunto boicot
El proyecto REVAI fue creciendo en todo el país a pasos agigantados. Pero en mayo de 2022 comenzaron los problemas. Según se sostiene en la acusación penal, la desarrolladora Romina Cano exigió una suma de 600.000 dólares para continuar en el proyecto, caso contrario lo abandonaría y no colaboraría con la transición que fuera necesaria.
Como las negociaciones con el Instituto Zaldivar no progresaron, el 20 de mayo saboteó la herramienta digital. Según la imputación, bloqueó los accesos al resto de los programadores, también a los servidores de Amazon que guardaban cientos de historias clínicas y hasta eliminó la aplicación para teléfonos del Playstore de Google. La inutilización de REVAI se extendió durante 3 días y generó una pérdida aproximada de $3.600.000.
Tras la denuncia penal, la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos imputó a Romina Cano por el delito de daño informático agravado por ser cometido contra un sistema público de servicios de salud. El Código Penal prevé de 3 meses a 4 años de prisión.
En los últimos días, la fiscal Gabriela García Cobos consideró que la investigación está concluida y la desarrolladora de software debe enfrentar un debate oral y público. Pese a que la defensa de la mujer se opuso a la medida, el juez Diego Flamant confirmó la elevación a juicio de la causa.
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El Instituto Zaldívar ordenó desarrollar el software desde mediados de 2015.
La postura de la defensa
La defensa de Romina Cano ha presentado diversos planteos y oposiciones a lo largo de la investigación. Principalmente niegan que su clienta haya saboteado el sistema informático REVAI tal como sostiene la imputación.
Pero más allá de discutir la autoría, también consideran que si es que lo hizo no se trata de un delito ya que no se cumple un requisito fundamental: el software no era un "servicio público" tal como define el Código Penal.
En un reciente fallo, el juez Diego Flamant consideró que más allá de que la herramienta digital había sido desarrollada por un privado (el InstitutoZaldivar), tenía información que era importante para el servicio público de salud ya que servía para la atención médica en cualquier clínica del país. También planteó que la tecnología se ha convertido en un bien de primera necesidad y su suministro debe ser permanente.
