Este lunes se realizó una audiencia clave en la megainvestigación contra personal acusado de operar en el centro clandestino de detención D2 durante la última dictadura militar.
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El fiscal federal Dante Vega solicitó que se aplique prisión preventiva para los 49 acusados que tiene el expediente, cuyo requerimiento supera las 1.500 fojas.
Se trata de personal policial que estuvo operativo en el D2, el peor centro clandestino en la provincia, y tienen graves imputaciones, pasando por homicidios y torturas, entre otras.
Al pedido se sumaron los abogados Pablo Salinas y Fernando Peñaloza, del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, respectivamente.
También pidieron que se evalúe la situación médica de los implicados para que obtengan la prisión domiciliaria, en todo caso.
Ahora será la Cámara Federal de Apelaciones la que resuelva la posible detención de los sospechosos de crímenes de lesa humanidad.
