Un nuevo revés judicial recibieron los abogados Luciano Ortego, Jaime Alba y Luis Chato Álvarez, supuestos integrantes de la banda que habría liderado el ex juez federal Walter Bento para el cobro de coimas en Mendoza. Uno de los máximos tribunales del país les rechazó otro pedido de libertad. En paralelo, en el megajuicio se realizó una grave denuncia por parte de uno de los abogados defensores.
Le negaron la libertad a tres presuntos integrantes de la banda del ex juez Walter Bento
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó que sigan detenidos los abogados Luciano Ortego, Jaime Alba y Luis Francisco Álvarez, protagonistas del megajuicio por el supuesto cobro de coimas en Mendoza
Ortego, Alba y Álvarez eran actores importantes para gestionar los millonarios sobornos a cambio de favores a presos, según la teoría de la acusación. El primero de ellos está alojado en la cárcel federal, mientras que los dos restantes se encuentran con el beneficio del arresto domiciliario. Bajo distintos argumentos, solicitaron ser excarcelados pero la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso.
Por el lado de Luciano Ortego, en su pedido planteó que lleva más de 3 años preso sin una sentencia en su contra, lo cual ataca el principio de inocencia y que parece que la prisión preventiva fuera "in aeternum". "La única intención de esta resolución que se recurre, obedece a mantener preso a Ortego porque sí, implicando una condena anticipada, un castigo", explicó.
En respuesta, los camaristas Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Daniel Petrone consideraron que no hay un agravio federal "debidamente fundado" y que su detención preventiva se ha dilatado debido a que el juicio es engorroso por la complejidad de la causa.
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En tanto que Jaime Alba planteó, en la misma sintonía, que lleva mucho tiempo detenido en forma preventiva sin condena y que incluso hasta ha cumplido ya el tiempo de una eventual condena. Chato Álvarez sumó que hace dos meses cumple el arresto domiciliario en una departamento de Buenos Aires "sin control de ningún tipo" y así y todo no se ha fugado. La resolución de Casación Penal fue en los mismos términos: rechazar las excarcelaciones.
Denuncia de un defensor en el caso Walter Bento
Mientras en el megajuicio por las coimas en Mendoza se continúa ventilando el aspecto patrimonial del ex juez Walter Bento y su clan familiar, a fines de la semana pasada se presentó una denuncia por parte de uno de los abogados defensores. Se trata de Pablo Cazabán, quien representa legalmente a sus colegias Martín Ríos y Matías Aramayo, imputados como parte de la banda y quienes declararon como arrepentidos cuando comenzó la investigación.
La acusación sostiene que estos sospechosos se terminaron acogiendo a la Ley del Arrepentido pero por "presiones" que sufrieron por parte del fiscal del caso Bento, Dante Vega. No sólo solicitó que se investigue esta coacción que habrían sufrido Ríos y Aramayo y sus familiares, sino que pidió la nulidad de la declaración que hicieron en su momento donde brindaron detalles sobre las presuntas coimas en Mendoza.
Habrá que esperar a que resolución toma el Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio en la próxima audiencia que será la semana que viene. Por su parte, el abogado Cazabán también pidió la intervención de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).
Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento
A mediados de 2020 el supuesto empresario Diego Aliaga estuvo desaparecido y luego fue encontrado asesinado. Más allá de la conmoción por su crimen, comenzó a levantarse el rumor de que el hombre tenía contactos para sacar a presos de contrabando y narcotráfico en la Justicia Federal. A fines de ese año, un sospechoso de financiar una narcobanda -Walter Bardinella Donoso- fue detenido y en su teléfono celular se encontraron conversaciones que alimentaron esa hipótesis.
El fiscal federal Dante Vega estuvo siguiendo la pista hasta que decidió ordenar allanamientos, detenciones e imputaciones que se concretaron el 5 de mayo de 2021. Entre los sospechosos se encontraban el juez federal Walter Bento -actualmente destituido y detenido-, su esposa Marta Boiza y un puñado de abogados. La investigación no cesó allí, ya que hubo otros avances e imputaciones a medida que pasaban los meses.
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En líneas generales, la pesquisa sostiene que Bento lideraba una organización ilícita dedicaba a gestionar coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarias o la libertad. Aliaga habría sido la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico.
El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles. Luego comenzaban a ser representados por alguno de los abogados acusados que presentaban escritos para que el magistrado dictaminara la salida de la cárcel.
El fiscal Vega cuenta con un centenar de testigos para sostener su acusación, además de mensajes y llamadas -generalmente mediante la aplicación Telegram- donde los sospechosos hacían referencia a los sobornos y al juez Bento con algunos eufemismos. Del otro lado, los abogados defensores sostienen que es una causa que fue armada contra el magistrado por cuestiones políticas.
Por otro lado, la acusación consideró que Walter Bento y su clan familiar se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, según la Fiscalía Federal, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.





