El laboralista Antonio Vicente Sánchez Rey retoca los últimos detalles del escrito de defensa que entregará la semana próxima en el Jury de Enjuciamiento. 

"Los argumentos serán breves y puntuales", trascendió en el entorno del magistrado de 77 años, que está bajo sospecha por haber acordado con una ART el cobro de $4,5 millones por haberse apretado un brazo con un portón en hora de trabajo.

Sánchez Rey fue denunciado ante el Jury de Enjuiciamiento por el Gobierno de Mendoza. El 11 de abril, el organismo integrado por jueces de la Suprema Corte y legisladores inició formalmente el proceso y le corrió vista para que se defendiera.

Hoy, el usía sigue trabajando en la Quinta Cámara del Trabajo porque el gobernador Alfredo Cornejo rechazó la renuncia que presentó cuando se vio acorralado por la fortísima exposición pública.

Sin embargo, en ese tribunal no reina el mejor clima de trabajo, ya que la jueza Viviana Gil denunció que Sánchez Rey la había amenazado por no convalidar su acuerdo con la ART. Idéntica situación expresó Jorge Consolini, quien estuvo como juez suplente en ese tribunal y ya dejó ese puesto.

El caso de Sánchez Rey llegó a la Suprema Corte, que, tras analizarlo, determinó que Gil y Consolini desconocían cualquier posible trato ilegal que estuviera suscribiendo el juez.

La veta penal

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) denunció el polémico y suculento acuerdo en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, que inmediatamente abrió una pesquisa por el delito de estafa.

Entre otras medidas, se hicieron allanamientos en las oficinas de dos abogados que asistieron a Sánchez Rey en el reclamo dinerario por el accidente laboral. Uno de ellos es Diego Sánchez Azcona, hijo del usía reclamente.

La causa está en manos del fiscal Hernán Ríos Ruiz.

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