Imputaron por corrupción a Cintia Ramírez, ex funcionaria de Alberto Rodríguez Saá
La ex secretaria de Deportes fue imputada por malversación de caudales y fraude en la administración pública. Fue inhibida y no podrá salir de la provincia
Por UNO
Cintia Ramírez junto a Alberto Rodríguez Saá.
Imputaron por corrupción a la ex secretaria de Deportes de San Luis, Cintia Ramírez, quien ocupo la cartera durante el último gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
El juez Marcos Flores Leyes imputó a Ramírez por peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de fondos y negociaciones incompatibles con la función pública.
Además, el juez aceptó el pedido de inhibición de bienes por más de dos mil doscientos millones de pesos ($2.283.060.820,65) y una medida de restricción que le prohíbe salir de la provincia de San Luis por cuatro meses.
En la investigación muestran que Ramírez cumplió tres roles en simultáneo durante el gobierno anterior: fue secretaria de Deportes, presidenta del Ente Deporte y también del San Luis Fútbol Club (SLFC).
Sospechan que aprovechándose de esas funciones, usó recursos del Estado para beneficio propio.
El fiscal Assat Alí hizo constar entre 2022 y 2023 se realizaron 276 transferencias al club, por $166 millones. Los recursos estuvieron vinculados a viandas, transporte y gastos diarios.
“Cualquier gasto que tuviese el SLFC, propiedad de Ramírez, era cubierto con fondos públicos gestionados por la secretaría de Deportes, canalizado por el Ente Deporte”, sintetizó el fiscal y agregó que estas “acciones tenían una apariencia formal en lo legal, pero siempre estaban encubriendo un ardid destinado a privilegiar intereses particulares por sobre los fines públicos”.
El fiscal tuvo en cuenta otra denuncia y se refirió la “última acción delictiva” que fue la misiva firmada por Ramírez y las jugadoras donde le solicitaban a Rodríguez Saá el subsidio para comprar un colectivo con 60 asientos. Mencionó el expediente, la excusación de la ex funcionaria y la velocidad del trámite. Sumó que la empresa no vendía vehículos, sino que se dedicaba al turismo.
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La investigación del Ministerio Público indica que la acusada utilizó fondos del Estado de manera incorrecta.
Por otra parte, tuvo en cuenta una cotización que hizo una martillera pública donde se fijó el valor del colectivo en $144 millones, mientras que el Estado desembolsó en ese entonces $290 millones. Así, habló de un sobreprecio.
El fiscal se refirió a la imparcialidad con que deben tomar decisiones los funcionarios públicos, la misión de preservar los intereses de la administración y la transparencia. Advirtió que la acusada tuvo un “desdoblamiento de personalidad” en los tres roles que ocupaba.
En representación de la fiscalía de Estado interviene en la causa el abogado Santiago Calderón Salomón, quien afirmó que hubo una “manipulación de los fondos del Estado para beneficio personal”.
Cuestionó la “impunidad” con que se manejó Ramírez: “Estaba tan confiada que no le iba a llegar la justicia que dejó todas las evidencias a flor de piel”.
