Un nuevo juicio por evasión mediante facturas truchas. El segundo que está en curso, el tercero en lo que va de año en Mendoza. En este caso, ocho personas están acusadas de integrar una banda que estafó por casi 300 millones de pesos a AFIP.

El debate oral y público en la Justicia Federal comenzó hace algunas semanas y este martes ingresó en la recta final con la etapa de alegatos. La fiscal María Gloria André solicitó condenas de entre 3 y 6 años para los procesadosver más abajo-.

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El expediente comenzó en los primeros días de 2018, cuando se realizó una fiscalización de rutina en el Gimnasio Municipal 1 de Ciudad. Los agentes fiscales notaron que uno de sus proveedores había facturado electrónicamente 35 millones de pesos, un monto irrisorio para la actividad.

Al enterarse de la situación, esta persona radicó una denuncia el 31 de enero de ese año asegurando que había cambiado de contadora por recomendación de un conocido del ambiente del rugby y que la profesional operaba con su clave fiscal, la cual él ni siquiera sabía.

Ese fue el punto de partido que terminó desbaratando una banda que según la Fiscalía Federal estaba liderada por la contadora Silvia Gulino y el intermediario Daniel Cacciavillani. Además fueron imputadas dos empleadas del estudio contable que ayudaban con las operaciones –una es hija de Gulino-, un transportista que brindó su clave fiscal para facturar más de $200 millones y otros tres contadores que buscaban nuevos clientes.

La operatoria era contactar a personas y empresas para realizar facturas truchas en busca de obtener crédito fiscal con el que luego obtenían descuentos en el pago de IVA e impuesto a las Ganancias. A cambio, pagaban el 35% de los facturado a los “colaboradores”.

La investigación sostiene que desde 2012 hasta febrero de 2018 –fecha en que se realizaron los allanamientos contra la banda- lograron facturar $276 millones de pesos. Las pruebas vitales en la causa, además de las documentaciones físicas y electrónicas, son varios mails que intercambiaban los procesados.

Las penas que pidió la Fiscalía

- Silvia Gladys Gulino (55). Contadora. Jefa de la banda – 6 años

- Daniel Agustín Cacciavillani (57). Martillero - 4 años

- Florencia Inés Morichetti (25). Profesora de baile. Empleada – 3 años y medio

- Romina Molina Gulino (24). Hija de Silvia. Empleada – 3 años y medio

- Walter Daniel Lobos (51). Transportista – 3 años y medio

- Armando Antonio Morón (58). Contador. Intermediario – 4 años

- Carlos Armando Aguirre (46). Contador. Intermediario – 4 años

- Sandra Marisa Maldonado (53). Contador. Intermediario - 4 años