Varios años debieron esperar los investigadores para lograr sentar en el banquillo de acusados a dos policías -uno de ellos ya retirado- y un civil que fueron atrapados no sólo cazando guanacos sino también haciéndolo con elementos del Estado provincial.
En la mañana de este viernes comparecerán ante la Justicia el ex comisario Alejandro Olegario Olivera (55), el cabo José Luis Vera (44) y Hugo Alejandro Rojos (44). La causa tuvo sus inicios en junio de 2010.
Más precisamente el 26 de ese mes, en horas de la tarde, un trabajador del hotel Villavicencio escuchó detonaciones de armas de fuego, por lo que notificó a personal de Guardaparques. Estos últimos montaron un puesto de control donde una hora después detuvieron una camioneta Ford Ranger ocupada por siete personas.
El conductor era Vera, el acompañante del asiento delantero era Olivera y entre los civiles se encontraba Rojos. Según la investigación, el entonces comisario se identificó como Policía y admitió que llevaba un guanaco muerto en el rodado, además de haber utilizado un fusil FAL para cazarlo. Sin embargo, los guardaparques encontraron dos animales asesinados.
La investigación determinó que tanto el arma de fuego como la camioneta en la que circulaba pertenecían al Ministerio de Seguridad. Además, se determinó uno de los guanacos era macho y el otro era una hembra que estaba embarazada.
Los tres sindicados fueron acusados ya que esa especie es considerada monumento natural provincial y está prohibida su caza. Fueron imputados por violar la Ley Nacional de Protección y Conservación Fauna Silvestre.
Además, los policías que prestaban servicio en la Departamental de Capital fueron formalizados por peculado, es decir, utilizar bienes del Estado para beneficio personal.
La investigación transitó un largo camino por Tribunales donde hubo cambios de calificaciones e incluso un intento de la defensa para avanzar en una probation. Sin embargo, tanto la Fiscalía como el abogado querellante Oscar Mellado se opusieron sistemáticamente y ahora los tres acusados deberán enfrentar un juicio.
Rojos y Olivera arriesgan de 4 meses a 3 años de prisión ya que no se contempla en ambos casos el delito de peculado. El primero de ellos por ser civil y el segundo por encontrarse jubilado al día de la fecha, por lo que esa calificación prescribió. En tanto que Vera, quien todavía pertenece a la fuerza policial, arriesga de 2 a 13 años de cárcel.