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Cambio en la Justicia de Mendoza

El jurado popular tiene en la mira a los acusados de corrupción

El jurado popular debe ser facultado por ley para juzgar casos que involucren a funcionarios públicos en delitos de corrupción. Luis Lobos estaría en esa lista

La Justicia de Mendoza se ha fijado un objetivo ambicioso pero no imposible: que los delitos de corrupción en la función pública sean juzgados por un jurado popular. Para lograr este cometido es imperiosa una reforma legal que agregue estos delitos económicos a los casos de homicidio agravado, los únicos que por ahora son dirimidos por jurados populares integrados por ciudadanos comunes.

Si la modificación de la ley se concretara, por mencionar un ejemplo concreto y muy de nuestros días, la acusación judicial por enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función pública contra Luis Lobos y la ex esposa, Claudia Sgró, sería tratada por un jurado popular, que debería, al final del proceso, determinar si son inocentes o culpables.

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"Para que los jurados populares dicten sentencia sobre casos de corrupción en el Estado antes que nada se necesita voluntad política para concretar la reforma legal. Sin eso no vamos a ningún lado", zanjó un protagonista de los últimos cambios en la Justicia provincial.

Sobre esta temática se viene insistiendo hace más de una década, cuando en Mendoza los juicios por jurado popular eran un anhelo y no pasaban más allá de un simulacro con actores y juristas o disertaciones acerca del impacto de esta forma de hacer justicia en la sociedad.

Conclusión: la política manda. La misma política que tanto tiene que con el servicio de administración de justicia, aunque a veces no lo parezca y quiera despegarse. De hecho, más allá de los concursos de oposición y antecedentes, quienes aspiran a ser jueces/magistrados deben contar, a la hora de llegar al cargo, con la bendición de la clase política que los postule ante el Senado y que los vote en el recinto.

Si hasta la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y de los Tribunales Superiores de Provincias, así como también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación corren por cuenta de la clase política.

En carpeta

Por estas horas se realiza en Mendoza el vigésimo juicio por jurado popular desde 2019, cuando comenzó a aplicarse la ley provincial aprobada un año antes. En San Martín más precisamente, donde oportunamente se realizó el debate por el femicidio de la empresaria Ivana Milio.

https://twitter.com/PrensaJudicial/status/1368980842102546433

Actualmente, solo la definición de los casos de homicidio agravado quedan en manos del jurado popular integrado por 16 hombres y mujeres de distintas edades, ocupaciones y lugares de residencia en Mendoza. Culpables o no culpables deben decir al cierre de cada juicio, que incluye todo tipo de pruebas: testimoniales, periciales y otras acerca de los hechos y del comportamiento de los imputados. O jurado estancado, en caso de no arribar a una conclusión certera.

Más de 2 años de juicios por jurado en Mendoza, en gran parte signados por las limitaciones de la pandemia de Covid, han provocado cierta satisfacción entre los referentes judiciales y del Ejecutivo. Ven que el sistema funciona y hasta se animaron a dar a publicidad, a través de la web del Poder Judicial, de los momentos más importantes de los diecinueve juicios por jurado que ya tienen sentencia.

Entonces, esa satisfacción motiva a ampliar la competencia de este tipo de procesos. Por eso, la Justicia avanza hacia la aplicación de los juicios por jurado popular en más casos del fuero penal, como los de homicidio en ocasión de robo, imputación que es muy común en la casuística criminal de Mendoza.

Los delitos económicos, como la corrupción en la función pública, ya están en el radar de la Justicia para llevarlos a los imputados a los juicios por jurado. ¿Estará la clase política a la altura de lo que se presenta como un imperativo de esta hora?