La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado argentino por una decisión de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza de fines de los '90.
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El organismo que sesionó en Colombia ordenó indemnizar a la víctima por daños y suspender los efectos de una cuestionada sentencia.
El cuerpo internacional consideró que la Corte provincial violó el derecho del sargento de la Policía de Mendoza Óscar Gorigoitía de recurrir el fallo que lo condenó a 14 años de prisión por haber dado muerte a un ciudadano en una persecución.
La víctima se llamaba Alejandro Gómez Romagnoli y el homicidio, ocurrido en agosto de 1996, sacudió a la sociedad mendocina, que protestó contra el gatillo fácil ya que fue baleado por la espalda mientras manejaba su automóvil.
El policía fue condenado por homicidio simple en 1997 por la Primera Cámara del Crimen.
A fines de ese año, la Corte rechazó la posibilidad de que la defensa se presentara en Casación.
En 1998 la Corte nacional declaró inadmisible un recurso de queja presentado por el condenado.
En 2005 accedió a la libertad condicional.
Los abogados Carlos Varela Alvarez y Alejandro Acosta asistieron a Gorigoitía en este proceso.