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Conjueces deciden si el juez echado apela en la Corte nacional

El caso Sánchez Rey continuaría en Buenos Aires pero en Mendoza queda una certeza: cobrará la indemnización millonaria que desató el escándalo y el juicio político

La Suprema Corte de Justicia arma un tribunal de conjueces para decidir si el ex juez Antonio Vicente Sánchez Rey podrá o no apelar en la Corte nacional contra el fallo que lo destituyó por desorden de conducta.

Esos conjueces son, en su mayoría, camaristas del fuero Civil y Comercial y participarán de esta instancia porque los 7 miembros de la Corte ya lo hicieron del Jury de Enjuiciamiento que en noviembre echó a Sánchez Rey y por lo tanto quedaron invalidados de volver a actuar.

Cinco supremos lo hicieron en ese tramo definitivo; otros dos, entre ellos el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, quedaron al margen mientras se conformaba el tribunal integrado por los supremos, diputados y senadores.

A fines de noviembre, el radicalismo condenó al ex usía mientras que el peronismo hizo todo lo posible por salvarlo.

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En la sala, Palermo y Day (de frente), el hijo de Sánchez Rey, el abogado defensor Quevedo Mendoza hijo y el Procurador adjunto, Gonzalo Nazar (de espaldas).

En la sala, Palermo y Day (de frente), el hijo de Sánchez Rey, el abogado defensor Quevedo Mendoza hijo y el Procurador adjunto, Gonzalo Nazar (de espaldas).

La última carta

Sánchez Rey juega ahora la última carta, la de ir a la Corte nacional, luego de que el Jury de Enjuiciamiento confirmó, días atrás, que es legítimo y se ajusta a derecho.

Varias cuestiones había planteado el abogado defensor, Efraín Quevedo Mendoza hijo, contra el proceso que terminó en destitución: una de las más llamativas fue que el juicio político se haya celebrado de modo semipresencial, con juzgadores repartidos entre los tribunales (el presidente del proceso, los querellantes, los defensores y la parte acusadora) y sus oficinas de jueces y legisladores.

Una vez confeccionado el tribunal de conjueces, estos deberán decidir si Sánchez Rey tendrá o no la posibilidad de presentarse en la Corte nacional.

La indemnización de la discordia

Tarde o temprano, Sánchez Rey terminará cobrando la indemnización varias veces millonaria que en 2018 desató el vendaval político-jurídico que le costó la carrera de juez laboralista.

Es que sigue vigente el acuerdo con la ART al que él arribó entonces y cuya validación en los tribunales generó las denuncias que derivaron en su destitución. Dicho en lenguaje sencillo: el cobro de la indemnización nada tiene que ver con su despido de las filas del Poder Judicial.

De hecho, el expediente por el acuerdo con la ART pasó de la Quinta Cámara del Trabajo (donde Sánchez Rey trabajaba y pidió a sus colegas que lo legitimaran) a la Sexta Cámara que se apartó y lo envió a la Séptima Cámara.

Ahí fue aceptado por el tribunal que deberá decidir cuánto cobrará Sánchez Rey. Los $4,5 millones que figuran en el reclamo inicial son apenas una referencia. Hoy, la cifra total superaría los $10 millones.

Sin embargo, la estancia del expediente en el fuero laboral duró poco porque la Corte Suprema lo pidió prestado para estudiarlo y responder a un planteo del organismo nacional que promovió una pesquisa penal contra Sánchez Rey, proceso en el que fue sobreseído.

Ese organismo también tuvo parte activa en el Jury de Enjuiciamiento.

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