Luego de un puñado de semanas de debate en la Justicia Federal, la contadora Silvia Gulino (55) y su banda fueron condenadas por tener una fábrica de facturas truchas con las cuales evadieron un millonario monto de dinero a AFIP.

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La jefa de la banda continuará en prisión domiciliaria aunque deberán resolver si su estado de salud permite que quede alojada en el penal. Cacciavillani, que estaba con prisión preventiva, recuperó la libertad debido al monto de la pena. En tanto que el resto de la organización ilícita fiscal quedará libre hasta que quede firme la sentencia.

Las condenas

- Silvia Gladys Gulino (55). Contadora. Jefa de la banda – 6 años

- Daniel Agustín Cacciavillani (57). Martillero - 4 años

- Florencia Inés Morichetti (25). Profesora de baile. Empleada – 3 años y medio

- Romina Molina Gulino (24). Hija de Silvia. Empleada – 3 años y medio

- Walter Daniel Lobos (51). Transportista – 3 años y medio

- Armando Antonio Morón (58). Contador. Intermediario – 4 años

- Carlos Armando Aguirre (46). Contador. Intermediario – 4 años

- Sandra Marisa Maldonado (53). Contador. Intermediario - 3 años y 10 meses

Facturas truchas

La investigación comenzó en los primeros días de 2018, cuando se realizó una fiscalización de rutina en el Gimnasio Municipal 1 de Ciudad. Los agentes de AFIP notaron que uno de sus proveedores había facturado electrónicamente 35 millones de pesos, un monto irrisorio para la actividad.

Al enterarse de la situación, esta persona radicó una denuncia el 31 de enero de ese año asegurando que había cambiado de contadora por recomendación de un conocido del ambiente del rugby y que la profesional operaba con su clave fiscal, la cual él ni siquiera sabía.

La operatoria era contactar a personas y empresas para realizar facturas truchas en busca de obtener crédito fiscal con el que luego obtenían descuentos en el pago de IVA e impuesto a las Ganancias. A cambio, pagaban el 35% de los facturado a los “colaboradores”.

La investigación sostiene que desde 2012 hasta febrero de 2018 –fecha en que se realizaron los allanamientos contra la banda- lograron facturar $276 millones de pesos. Las pruebas vitales en la causa, además de las documentaciones físicas y electrónicas de AFIP, son varios mails que intercambiaban los procesados.