El gobierno nacional dio un paso clave en la disputa judicial por la reforma laboral al presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de que intervenga de forma directa y deje sin efecto la suspensión de artículos centrales de la norma.
El gobierno de Javier Milei va a la Justicia por la suspensión de la reforma laboral.
La estrategia oficial se basa en un “per saltum”, un mecanismo excepcional que permite saltear instancias judiciales intermedias para acelerar una definición del máximo tribunal frente a casos de gravedad institucional o urgencia.
La presentación fue impulsada por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo, luego de que un juzgado laboral hiciera lugar a una medida cautelar promovida por la Confederación General del Trabajo, que frenó la aplicación de más de 80 artículos de la reforma en todo el país.
Desde el Ejecutivo cuestionan la decisión judicial al considerar que ese tribunal carece de competencia para intervenir sobre una ley de alcance nacional. En ese sentido, sostienen que la intervención de la Corte es necesaria para unificar criterios en un conflicto que ya se ramifica en distintas jurisdicciones.
La ofensiva judicial se produce en medio de una fuerte tensión con el sindicalismo y en un escenario de creciente litigiosidad en torno a la reforma, cuyo futuro quedó condicionado tras la suspensión parcial dictada a fines de marzo.
Con el per saltum, el gobierno busca acelerar los tiempos procesales y recuperar la vigencia de una de sus iniciativas económicas más relevantes, mientras se define su constitucionalidad en el máximo tribunal.