El gobierno de Alfredo Cornejo sigue dando de baja contratos de la gestión de Francisco Pérez. Esta vez le tocó a la DGE pasar el cedazo, y los que quedaron en la mira fueron los celadores.
El director general de Escuelas, Jaime Correas, lo había anticipado en varias oportunidades cuando mencionó la cantidad de estos trabajadores que registra en el organismo que comanda: más de 8.000 personas.
En la lista de los que quedaron fuera del sistema escolar, se pueden mencionar casos verdaderamente insólitos.
Por ejemplo: un cargo ocupado por una persona que ingresó al Estado con 64 años en el 2015, que nadie conoce y cuya planilla de asistencia era enviada desde una dependencia de la DGE para que cobrara el sueldo, o dos personas para remplazar a un celador titular de licencia. Correas aseguró que se ahorrarán $800.000 en los sueldos de nombramientos irregulares.
Más rarezas
Estas situaciones no eran las únicas que se detectaron entre los 101 contratos dados de baja. Otra de las modalidades era la de nombrar un remplazante para un cargo de titular con licencia, tal y como lo indica la resolución 0942/13 de la DGE.
Sin embargo, luego de que el titular del cargo regresaba a cumplir sus funciones, el remplazante no era dado de baja y ambos continuaban trabajando.
El funcionario detalló una forma más de irregularidad detectada: usurpación de licencias.
Esta metodología consistía en encontrar un cargo vacante de celador en una escuela cualquiera, pero cuyo remplazo no hubiera sido solicitado, o bien, se le hubiera denegado al director del establecimiento por el departamento de Recursos Humanos de la DGE.
Lo que se hacía era nombrarlo igual, y decir que estaba remplazando al celador o celadora con licencia larga, y se lo enviaba a otra escuela, previamente convenida, o bien, se lo colocaba como administrativo en la Dirección General de Escuelas.
Por estas anomalías, el titular del gobierno escolar aseguró que se abrirá un expediente en Asesoría Letrada, para que los responsables políticos de estas designaciones paguen los costos de tomar decisiones contrarias no sólo a los intereses del Estado sino también a los intereses de los alumnos.
Críticas al sistema
Además de aseverar que hay una gran responsabilidad en los funcionarios salientes por esta desprolijidad en el manejo presupuestario, que incluye designaciones fuera de toda norma, Correas agregó que se terminará con la desidia y la falta de control, y con la modalidad de tomar decisiones a espaldas de los chicos, cuyo interés debe estar en el centro de las determinaciones tomadas por la DGE.
No dejó de recordar el decreto 65, de autoría del gobernador Alfredo Cornejo, que prohíbe designaciones, ajustes, suplencias o subrogancias o contrataciones por medio del sistema de contratos de locación. Aclaró que debe ser el titular del Ejecutivo quien decida a quién nombrar, según las necesidades de gestión. Aunque, aclaró, el ingreso de personal al Estado está congelado, aunque, pueden haber algunos ingresos en ministerios y lugares claves de la Administración Pública, como Seguridad y la DGE.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Kerchner, dejó caer una crítica al sindicato. "Sería bueno que el SUTE hubiera dado detalles de lo que ocurre con los celadores, porque ellos son los que manejan esta información mucho mejor que nosotros, que llevamos un mes de gestión".
Silencio gremial
Diario UNO quiso contactar al titular del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) Adrián Mateluna, para que respondiera si el gremio actuará para representar los intereses de los trabajadores dados de baja, pero no hubo respuestas. Ningún representante del SUTE estaba disponible.
La herencia
Lo que sucede con la Dirección General de Escuelas es la misma situación que ocurre, según aseguran los nuevos funcionarios, en muchas otras dependencias del Estado: deudas millonarias con proveedores que no terminan de desahogar al gobierno escolar.
En el caso de la DGE, la herencia recibida son $140 millones en rojo.
Por lo tanto, no pueden realizarse las inversiones necesarias para mejorar las condiciones en las que se encuentra el sistema educativo.
-Ex funcionarios. El titular de la DGE aseguró que se abrirá un expediente en Asesoría Letrada de la cartera para que se investigue a los responsables políticos de estos
desmanejos.
-La herencia. La nueva gestión estatal recibió de la antecesora María Inés Abrile de Vollmer una deuda de 140 millones de pesos, cuya cancelación debe priorizarse.
