En los últimos días, el Gobierno de Brasil reconoció formalmente que Maicon de Souza Silva, un niño de apenas 2 años, no ofreció resistencia ni disparó contra agentes de la Policía Militar antes de ser abatido hace aproximadamente 30 años.
Gatillo fácil
El gobierno de Brasil reconoció que un niño de 2 años no disparó contra policías militares antes de ser abatido
El niño, que jugaba frente a su casa, fue alcanzado por un disparo en la cabeza durante una operación policial
La familia del niño abatido sigue reclamando por Justicia.
El caso de gatillo fácil, ocurrido en la favela de Acari, en la zona norte de Río de Janeiro, fue corregido en los registros oficiales tras casi 3 décadas de lucha de la familia de la víctima fatal.
El niño, que jugaba frente a su casa, fue alcanzado por un disparo en la cabeza durante una operación policial. Inicialmente, el hecho fue registrado como “auto de resistencia”, una clasificación que implicaba que la víctima había confrontado a las fuerzas del orden.
El giro en la causa por el crimen del niño
El 15 de abril de 1996, Maicon de Souza saltaba en la puerta de su vivienda junto a otros niños, incluido su hermano mayor. Según los relatos, policías ingresaron disparando. Un proyectil impactó al pequeño en la cabeza, causándole la muerte inmediata. Otro niño de 6 años resultó herido en el rostro con secuelas permanentes.
La versión oficial de la época sostenía un supuesto enfrentamiento, lo que generó una profunda indignación en la familia, que siempre mantuvo que se trató de una bala perdida o un disparo directo de la Policía.
Durante 30 años, el padre del niño encabezó una incansable campaña por justicia. Realizó vigilias, protestas y acudió a instancias internacionales. En 2019, la investigación había sido archivada por falta de pruebas, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado brasileño por violaciones a los derechos a la vida, integridad personal y garantías judiciales, especialmente por la protección debida a niños y adolescentes.
En una ceremonia realizada el 30 de junio pasado, el gobierno brasilero firmó acuerdos de cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH. Se retificó el registro de ocurrencia: el niño pasó de ser catalogado como “autor de resistencia” a “víctima de muerte por intervención de agente del Estado”. La ministra de Derechos Humanos presentó disculpas formales a la familia.
Se determinó el desarchivamiento de la investigación, que ahora será analizada por la Promotoría con un plazo de un año. Entre las medidas de reparación figuran indemnizaciones a los familiares del niño, un acto público de reconocimiento, la divulgación del informe de la Comisión y compromisos de no repetición.
