Los lentos tiempos de la Justicia

El debate por la Corte reveló que funcionarios siguen cobrando como jueces aunque una ley lo impide

La ley 9230 que impulsó Rodolfo Suarez en 2020 impide que un funcionario judicial cobre como un juez. Pero un grupo de afectados frenó su aplicación con una cautelar y el presidente de la Suprema Corte llamó a un pleno que en 2 años no se pudo reunir y la causa está en veremos

La vieja discusión sobre si un funcionario judicial debe cobrar como un juez o no, volvió a surgir en medio del debate por la reforma de la Suprema Corte. Quien la trajo fue el gobernador Rodolfo Suarez que se quejó de que pese a que hay una ley que impide tal equiparación sancionada hace 2 años, un grupo de afectados frenó su aplicación con una cautelar que resolvió la Sala II (con un fallo de 2 a 1) y que el Estado aún sigue pagándoles a ellos exorbitantes sumas, porque está pendiente un pleno de la Corte.

El caso testigo que disparó aquella ley, la 9230, fue el de la secretaria de la presidencia de la Corte, Elizabeth Carbajal, que a mediados del 2020 cobraba como magistrado y su bono de sueldo superaba los $406.000. Según la queja del gobernador, "esa secretaria está cobrando hoy $1.200.000 por mes, es lo que le pagamos los mendocinos y las mendocinas, tres veces más de lo que gana este gobernador", marcó poniendo el acento en que el retraso de aquella definición judicial le cuesta caro al Estado.

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En el 2020 Rodolfo Suarez impulsó y logró sancionar una ley con la que pretendía terminar con la figura de equiparados a magistrados, que son empleados administrativos que cobran como un juez sin serlo. 

En el 2020 Rodolfo Suarez impulsó y logró sancionar una ley con la que pretendía terminar con la figura de equiparados a magistrados, que son empleados administrativos que cobran como un juez sin serlo.

Luego de que trascendiera el caso de esa secretaria, Suarez impulsó la ley que se sancionó en junio del 2020 y le pondría fin a una vieja tradición del Poder Judicial, por la cual empleados administrativos percibían sueldos de jueces justamente porque cumplían el rol de equiparados. En el grupo de los beneficiados con esos cargos, habían empleados que llevaban décadas en el Poder Judicial, y otros nombrados más recientemente por distintos magistrados, algunos incluso de la misma Suprema Corte.

En principio, se dijo que esa ley afectaría a de 78 funcionarios, después el número cayó a 30 y tras la sanción de la ley el 10 de junio, la norma alcanzó sólo a 26. De ese grupo, 21 iniciaron un reclamo judicial para seguir cobrando sus altos sueldos, pero mientras la Justicia se tomaba sus tiempos para derimir la causa, una de ellos, Mónica Gonález se jubiló y su planteo devino en abstracto. Ellos y sus abogados argumentaban que la ley no podía tener efectos retroactivos, que ellos habían conseguido sus cargos, y por tanto sus salarios, antes de la sanción de la norma, y que por eso sus sueldos eran derechos adquiridos.

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Quiénes pusieron una cautelar para seguir cobrando como jueces sin serlo

En total, presentaron acciones ante la Suprema Corte 11 funcionarios del Poder Judicial y 9 del Ministerio Público Fiscal. Entre los primeros hay 8 que forman parte del equipo administrativo de la Corte. Allí están la secretaria de la presidencia Elizabeth Carbajal -que fue el caso que generó el escándalo-, el secretario de Gestión, Carlos Quiroga Nanclares (sobrino del ex titular de la Corte Jorge Nanclares); la directora del Cuerpo Auxiliar Disciplinario, Beatriz Naves; la subdirectora de Contabilidad, Silvina Cataldo; el director de Contabilidad, Gustavo Abaca; el director de Informática, Mariano Cano: y el jefe de Recursos Humanos, Hugo Correas.

El otro grupo de equiparados que inició el reclamo judicial trabaja en la dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, creada por el supremo Omar Palermo. Son la directora del área, Milagros Nolli; la subdirectora de Derechos Humanos Eleonora Lamm; el subdirector de Niñez, Adolescencia y Familia, Javier López Maida; y la subdirectora de Ejecución Penal, Romina Cucchi.

En tanto, del Ministerio Público Fiscal reclamaron ante la Justicia cuatro inspectores (Beatriz Chaves, Sandra Canese, Alfredo Clavel y Jorge Rubio), Gerardo González (hijo del exprocurador Rodolfo González); el contador Jorge Frigerio; el director del Cuerpo Médico Forense y Criminalístico, Javier Salinas Díaz; y los delegados del MPF en San Rafael (Mario Gabriele) y San Martín (Alberto Tonelli).

Todos ellos en distintos expedientes hicieron dos planteos ante la Corte: por un lado una declaración de certeza -argumentando que la ley no era clara- y por otro un pedido de inconstitucionalidad. A eso sumaron una cautelar para no alterar la situación de los afectados, es decir para que siguieran cobrando los mismos sueldos.

Este último planteo llegó a la Sala II de la Corte en agosto del 2020, y la cautelar consiguió el voto afirmativo de Mario Adaro y Omar Palermo, y el rechazo de José Valerio. Este último juez fue quien solicitó que esas causas se dirimieran en un pleno de la Corte, pedido que avaló el presidente del tribunal, Dalmiro Garay.

Por qué un pleno de la Corte puede dilatarse durante dos años

Uno de esos pedidos para que la causa "de impacto institucional por el planteo de inconstitucionalidad" se resolviera en un pleno, fue firmado por Garay el 10 de septiembre del 2020, y en ese expediente el presidente de la Corte pide notificar a las partes "y a los ministros de la Corte en sus despachos". Sin embargo, en el listado de los plenos de la Suprema Corte que se ventilaron en la discusión legislativa de la semana pasada por la reforma, esos plenos figuran aún en trámite.

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El presidente de la Corte, Dalmiro Garay convocó a varios plenos del máximo tribunal para resolver los planteos de inconstitucionalidad de la ley de equiparados, pero pese a que eso ocurrió en septiembre del 2020, aún hay magistrados que no se dan por notificados y por tanto no se puede constituir el trbunal. 

El presidente de la Corte, Dalmiro Garay convocó a varios plenos del máximo tribunal para resolver los planteos de inconstitucionalidad de la ley de equiparados, pero pese a que eso ocurrió en septiembre del 2020, aún hay magistrados que no se dan por notificados y por tanto no se puede constituir el trbunal.

¿Que pasó en la Corte para que ese pleno se estancara ya dos años?. La respuesta requiere de varias explicaciones, pero varias de ellas terminan en una cuestión de voluntad.

Si bien el pleno fue convocado, extrañamente no ha avanzado hasta hoy porque hay magistrados que aún no se dan por notificados, y por tanto la convocatoria no se puede concretar.

El trámite formal de esa notificación debería cumplirse con el sello en papel de cada integrante de la Corte, y aunque suene irreal eso no se ha cumplimentado por los 7 integrantes. Pero a ese incumplimiento se suma que esos jueces no tienen un plazo límite para concretar ese simbólico trámite, por lo que esta convocatoria podría seguir esperando toda la eternidad.

Pese a que Diario UNO quiso conseguir los nombres de los jueces que aún no se notifican en esta convocatoria, esa tarea fue imposible. Sólo trascendió que algunos de los 7 supremos se han dado por notificados en algunas causas y en otras no, como haciendo una selección sobre qué expedientes resolver y cuales dilatar.

Tal es la preponderancia de esta causa, que ya uno de los supremos decidió excusarse. Se trata de Pedro Llorente, quien dio ese paso porque reconoció que él había nombrado equiparados a magistrados, y por eso era factible que si se sumaba al pleno pudieran recusarlo. En ese caso se lo debería reemplazar con un juez de cámara civil.

Lo cierto es que sin esa aquella notificación de los magistrados no se puede terminar de integrar el tribunal que votará en ese pleno, y al parecer sobre la causa hay muchas especulaciones.

En el seno de la Corte si bien admiten que la "situación es vergonzosa" se encargan de explicar que "es la excepción, no la regla" de lo que pasa cada vez que se convoca a todos los magistrados a votar, pero lo cierto es que tampoco se ha visto una férrea voluntad del presidente del tribunal en insistir para conseguir las notificaciones de sus pares.

Hay quienes leen en esto una actitud prudente "para evitar una implosión dentro del tribunal en momentos en que se discute una reforma de ese tribunal", pero a la par también es cierto que Garay podría haber llamado a la audiencia pública que también se pidió en el mismo expediente, y luego apelar a la figura de "auto para resolver" con la cual podría emplazar en 60 días a sus pares para dictar una sentencia.

Así las cosas, sin que se poder vislumbrar la voluntad de esos supremos en resolver si la ley de equiparados es constitucional o no, el Estado deberá seguir pagándoles a esos demandantes sustanciosos sueldos como si fuese jueces.

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