Editorial Lunes, 1 de octubre de 2018

Una señal del Vaticano que no alcanza

El Papa expulsó al cura chileno Karadima pasados 7 años de haber sido condenado por abuso sexual de menores.

El papa Francisco tomó una determinación ejemplar al expulsar del sacerdocio al pederasta chileno Fernando Karadima.

A pesar de que era una señal que muchos estaban esperando, tanto dentro como fuera de la iglesia Católica, el punto es que llegó bastante tarde. Tuvieron que pasar siete años desde que el cura fuera condenado por los delitos de abuso sexual a menores de edad para que se decidiera sacarle el estado clerical. En 2011 había sido suspendido de sus funciones por el Vaticano.

El religioso de 88 años era la cara visible en Chile de los sacerdotes abusadores e incluso tuvo en sus manos la formación de numerosos obispos de ese país. Desde la parroquia de El Bosque, situada en un barrio acomodado de Santiago, que dirigió desde 1980 hasta 2006, Karadima forjó durante años estrechos vínculos con sectores de la élite política y económica chilena.

Para las víctimas ha sido un paso trascendental de parte del Papa, a quien justamente le llovieron las críticas el verano pasado cuando estuvo de gira por Chile. Precisamente se le cuestionó duramente su respaldo a Karadima en medio de la ola de denuncias -más allá de la condena concreta- que pesaban sobre él.

En Mendoza, el rol de Francisco respecto a los abusos a menores hipoacúsicos en el Instituto Antonio Próvolo de Luján tampoco ha pasado desapercibido, porque hasta ahora no hubo un solo pronunciamiento de parte de la Iglesia. Ni siquiera hace unos días, cuando se conoció la pena de 10 años de cárcel para el monaguillo Jorge Bordón (55), quien también supo trabajar de chofer del cura Nicola Corradi (83), uno de los religiosos junto con Horacio Corbacho (56), involucrados en esta causa. Aún quedan 14 imputados, entre ellos dos monjas con el beneficio de prisión domiciliaria, personal administrativo, directivos y docentes.

Bordón recibió una condena menor en un juicio abreviado tras reconocerse culpable de 11 hechos de abuso a chicos sordomudos dentro del establecimiento católico.

Las múltiples acusaciones indican que los alumnos que pernoctaban en el Próvolo eran atacados en sus habitaciones, filmados desnudos en las duchas, obligados a ver materiales pornográficos y forzados a todo tipo de prácticas sexuales.

Frente a tanta barbarie, es hora de que la Iglesia deje de proteger a los curas abusadores y tome partido cuando la Justicia ya ha dado su veredicto.