Escuchar que los chicos estén en la escuela y que se dediquen a juegos y actividades acordes a sus edades y que no estén trabajando para muchos es una obviedad, y que esto sea un objetivo para nuestra provincia para otros parece increíble, ya que se cree que esto sólo pasa en otros lugares o se trata de algún caso aislado. Pero sí, en Mendoza hay miles de niños y niñas que ha diario son obligados a realizar tareas laborales solos o con sus padres.
Sí son muchos los chicos en las calles, en fábricas, talleres o en el campo, con todos los riesgos físicos, psíquicos y sociales que ello implica y eso es algo que nos debe preocupar, y ocupar, a todos.
VALOS y la Legislatura organizaron la Asamblea por la Infancia, desde donde organismos estatales y empresas discutieron ideas para tener acciones sobre este preocupante flagelo. Mendoza, que es pionera en el país, tiene una ley de RSE (Responsabilidad Social Empresarial) con una estricta normativa sobre el tema. Además, en el país desde 2008 rige la Ley 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, la que elevó a 16 años la edad mínima de admisión al empleo.
Más allá de que se redujo en los últimos años 40%, aún en el país hay más de un millón de niños y adolescentes que trabajan. En la región ese número de explotación infantil es mucho mayor, mientras que en el mundo hay países -algunos claves en la industria textil y tecnológica- en los que gran parte los empleados son menores de edad despojados de cualquier protección social, lo que además de estar "naturalizado" les baja a empresas los costos en las mercaderías para terminar regulando el mercado mundial de sus productos.
Mendoza se sigue ocupando del tema y así se discutió desde perspectivas éticas, legales y económicas. Entre otras propuestas se habló de la necesidad de incentivar los jardines maternales en las zonas más vulnerables, sobre todo donde los padres no tienen dónde dejar a los pequeños, se dieron ideas para potenciar e incentivar en forma dual (entre el sector público y privado) la educación formal obligatoria, y sobre todo fomentar la gradualidad en la inserción laboral.
Robar la infancia, el derecho a aprender y a jugar es algo imperdonable si queremos un sociedad más justa y menos violenta.
