Editorial Martes, 2 de febrero de 2016

Meritocracia

Mientras no se ingrese a la función pública por concurso, seguirá siendo el Estado ese empleador desbocado que paga con los fondos de todos los ciudadanos lo que sólo beneficia al gobierno de turno.

En el febril debate que se desató por el fuerte achicamiento de la planta del personal estatal, que incluye desde la marcha atrás con nombramientos realizados a las apuradas por los gobiernos salientes hasta la no renovación de contratos, no hay que perder de vista lo esencial: quiénes son los que realmente trabajan y qué función cumplen.

No es ninguna novedad que ha sido el Estado el principal generador de puestos para pagar los costos de la militancia a un punto que supera toda lógica.

Por lo que venían advirtiendo Mauricio Macri y Alfredo Cornejo en sus campañas, era esperable que una vez en el poder las cabezas de Cambiemos buscaran corregir esa desproporción.

A la luz de las acciones tomadas en este rubro, lo cuestionado no es el qué sino el cómo.

Por caso, se puede entender que es inviable para Mendoza un Ministerio de Salud que destina el 82% de su presupuesto a sueldos, como también que se tomen medidas con aquellos cargos fabricados entre gallos y medianoche por la gestión de Paco Pérez.

Esto mismo puede replicarse con matices en otros ministerios, como también en cientos de organismos nacionales.

El costo de este sobredimensionamiento del Estado ha empezado a supurar por todos lados. Pero la solución no es terminar con la enfermedad sacrificando al enfermo.

Estigmatizar como "ñoquis" a miles de empleados estatales a los cuales ni siquiera se entrevistó ni analizó puntualmente su situación produce un daño no sólo al señalado públicamente, sino también a un gobierno que muestra una llamativa falta de tacto político y social.

Hasta los propios gremios sostienen que si hay personal que no trabaja debe ser desafectado, pero aquellos que cumplían con la tarea asignada al menos tendrían que contar con la posibilidad de que se revea su caso.

Está bien y es sano para la democracia que se recupere la meritocracia a la hora de seleccionar quién desempeñará tal o cual tarea.

Mientras no se ingrese a la función pública por concurso, seguirá siendo el Estado ese empleador desbocado que paga con los fondos de todos los ciudadanos lo que sólo beneficia al gobierno de turno.

En algunas áreas, ya se está revisando lo actuado para hacerlo como corresponde, es decir, no en forma brutal y sin medir las consecuencias.

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