Se formalizó la elimición de los programas oficiales de control de precios y consumo como el Ahora 12.
El Poder Ejecutivo oficializó una nueva etapa en su plan de desregulación económica con la eliminación de 16 resoluciones y disposiciones que regían la actividad comercial e industrial en el país para el control de precios. Las medidas "buscan reducir la superposición normativa, disminuir la burocracia estatal y otorgar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos", detallaron desde el Ejecutivo.
Las decisiones administrativas fueron formalizadas mediante la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Coordinación de Producción, área que ejerce las competencias de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación. De acuerdo con el texto oficial publicado en el Boletín Oficial, las normativas derogadas carecían de objeto y aplicabilidad práctica debido a los cambios estructurales promovidos por la actual administración nacional en el marco de la desregulación de los mercados.
Entre las normas que fueron dadas de baja se encuentran:
Los programas de cuotas Ahora 12 y Cuota Simple.
Controles de precios como Precios Cuidados.
El Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA).
precios cuidados
El Gobierno formalizó la eliminación del programa Precios Cuidados.
Foto: Archivo Diario UNO
Los fundamentos de la desregulación en el comercio y la producción
El marco regulatorio general se modificó sustancialmente tras la sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Estas leyes de base determinaron el fin de marcos regulatorios previos, como la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, restando sustento legal a las herramientas complementarias de intervención y profundizando la desregulación industrial.
El Ejecutivo argumentó en los considerandos que la proliferación regulatoria previa generaba una dispersión de normas e incertidumbre sobre la vigencia del derecho aplicable. En este sentido, señalaron que la acumulación de trámites administrativos terminaba por configurar una situación de inseguridad jurídica que condicionaba el libre desarrollo de las actividades productivas, por lo que el proceso de desregulación resultaba indispensable para la vida de los ciudadanos.
El impacto de la desregulación sobre los precios y el consumo
Las 16 resoluciones que quedaron sin efecto abarcan diversos aspectos vinculados al control de precios de bienes específicos, solicitudes de información comercial, autorizaciones previas para procesos de importación y programas de fomento de consumo masivo que no contaban con prórrogas vigentes. Asimismo, como parte de esta desregulación, se eliminaron las disposiciones operativas complementarias asociadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, un fideicomiso que ya había entrado en etapa de liquidación definitiva.
La Secretaría de Industria y Comercio detalló que la desactivación de los programas de fomento responde a un criterio de normalización del mercado crediticio interno, con el propósito de restablecer las señales naturales de precios en la economía y corregir distorsiones en la asignación de recursos financieros. Esta faceta de la desregulación busca dar mayor previsibilidad a las inversiones de las empresas.
Por otra parte, la resolución recordó la previa derogación del régimen que regulaba los aranceles de los colegios de gestión privada, el cual exigía a las instituciones educativas comunicar y recibir autorización estatal para modificar sus cuotas mensuales. Las autoridades consideraron que aquel esquema restringía la capacidad de las empresas para responder a las variaciones en los costos operativos generales, justificando la intervención de la desregulación estatal.
El programa Ahora 12 incorpora insumos para la salud
Nuevas tasas de interés para las compras en cuotas con Ahora 12 (Foto: Telam).
Télam
Cambios en defensa del consumidor bajo la desregulación
En forma complementaria, el Ministerio de Economía publicó en el Boletín Oficial la Disposición 534/2026, emanada de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. Esta norma determinó la derogación de la Resolución 236/2021, la cual habilitaba de forma explícita a los adolescentes de entre 13 y 17 años a iniciar reclamos formales de manera autónoma ante dependencias gubernamentales específicas, una medida alcanzada también por la desregulación burocrática.
Los fundamentos técnicos de la nueva disposición aclaran que los derechos de los menores de edad se encuentran plenamente resguardados por el principio de capacidad progresiva contemplado en el Código Civil y Comercial de la Nación, así como por la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. De esta manera, el organismo consideró innecesaria la existencia de una regulación administrativa particular para evitar la superposición de competencias en esta era de desregulación del Estado.
Asimismo, la Subsecretaría remarcó que las personas de este rango etario permanecen incorporadas dentro de la categoría de consumidores en situación de vulnerabilidad o desventaja, garantizándoles un tratamiento preferencial a través de los canales digitales de la Ventanilla Única Federal de Reclamos. El gobierno nacional precisó que estas reformas normativas e iniciativas de desregulación avanzan en consonancia con los debates legislativos del proyecto de Ley Hojarasca en el Congreso de la Nación.
