En un tratamiento exprés, Diputados convirtió en ley la declaración de emergencia por 14 meses del Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles, a raíz de la intensa tormenta que lo dejó fuera de servicio en enero. Un paso que le permite al Gobierno provincial autorizar la prórroga de la concesión a Hinisa (Hidroeléctrica Nihuiles S.A.), su actual administrador.
La ley de emergencia de Los Nihuiles habilitó la prórroga de concesión a Hinisa hasta el 2026
La ley obliga al concesionario a reparar el complejo Los Nihuiles, fuera de servicio desde enero. Y permite al Gobierno extender la concesión 14 meses
La ley dispone “la continuidad del período de transición establecido por los decretos 1021/24 y 1085/24". Así, Hinisa, del empresario Marcelo Mindlin, seguirá como concesionario de Los Nihuiles "hasta tanto se verifique el cumplimiento total de las obligaciones emergentes" del contrato, relativo al uso de aguas del río Atuel "y otros bienes de la Provincia”.
Pero la prórroga también alcanza a Hidisa (Hidroeléctrica Diamante S.A.), como actual titular de la concesión que lo habilita a la "continuidad del uso hidroeléctrico de las aguas del Río Diamante y la generación de energía eléctrica a partir del uso del recurso hídrico" bajo la misma condición.
Cumplir "obligaciones emergentes" implica, según los considerandos de la norma, reparar los "daños de extrema gravedad provocados por el evento natural extraordinario" por el que precipitó 1.500 m3 de agua por segundo. Y cuya magnitud las sacó de servicio a principios de año.
El 11 de enero una fuerte tormenta hizo que el agua anegara las centrales Nihuil II y Nihuil III en pocas horas. Un hecho inusual por el que el gobernador Cornejo envió el 5 de mayo a la Legislatura el proyecto de ley de emergencia y prórroga de concesión, finalmente aprobado por 29 votos positivos, 16 negativos y 2 abstenciones.
El daño de Los Nihuiles y el futuro de su concesión
Desde la compañía concesionaria entienden que el deterioro es tal que requerirá no menos de un año reparar las turbinas y volver a poner en marcha ambas centrales.
Según un informe considerado al aprobar la ley de Emergencia "resultaron afectadas las playas de transformación, los equipos auxiliares y de servicio", lo que dejó sin electricidad a San Rafael, Malargüe y General Alvear " con posible repercusión en el sistema eléctrico provincial”.
En ese contexto, la primera medida en el marco de la Emergencia es terminar de hacer un relevamiento detallado de los daños, que incluya "estimaciones técnicas y económicas para su reparación y puesta en funcionamiento". Algo que el concesionario de Los Nihuiles ya encaró con supervisión del Ministerio de Energía provincial.
En segundo lugar, la figura determina como "imprescindible" ejecutar las "obras necesarias, que implicarán una considerable complejidad logística” por ser una zona montañosa.
Pero más allá de las obligaciones impuestas a la concesionaria, la ley contempla una "carga compartida" con el Gobierno. Y por lo tanto lo autoriza a prorrogar el contrato.
"Esta situación excepcional impone una carga compartida, obligando a replantear los plazos previstos para la transición, y priorizar la evaluación exhaustiva del estado actual del sistema hidroeléctrico, resultando imposible la conclusión del período de concesión conforme lo originalmente estipulado”, señala.
Al mismo tiempo, el Gobierno quedó facultado para encarar una nueva licitación tanto para Los Nihuiles como Diamante. Y le da la posibilidad incluso de otorgar una nueva concesión por un plazo de hasta 30 años.
La figura prevé cláusulas que aseguren el control provincial sobre el recurso, adecuar los cánones y regalías, y hasta el cumplimiento de estándares ambientales.
Argumentos a favor y en contra de la emergencia
A la hora de debatir el proyecto de ley hubo defensas férreas de la declaración de emergencia por parte del bloque oficialista. Y también rechazos argumentados de la oposición.
Luego de remarcar que los efectos de la tormenta que afectó a Los Nihuiles, Jorge López (UCR), indicó que “cuando se diseñaron los Nihuiles fue a partir de un caudal histórico de 600 m3. Eso nos grafica la excepcionalidad del fenómeno meteorológico“. Y defendió la emergencia ante “hechos imposibles de prever y con impacto en la sociedad".
Asimismo, su compañero de bancada José Vilches confirmó que el Gobierno financiará "las obras necesarias para recuperar la infraestructura dañada" en ambas centrales. Y así restablecer el servicio para el Sur mendocino.
Otros diputados, incluso del aliado PRO, objetaron la norma.
"Faltan respuestas y un plan que nos aclare cuáles van a ser las acciones, contrataciones y cuáles los recursos para dar soluciones a lo que pasó", indicó Jimena Cogo, del bloque macrista, al puntualizar la necesidad de "identificar los daños totales" y de aplicar "controles estrictos".
Y mientras Gustavo Perret (PJ) votó en negativo por considerar que la ley tiene artículos "no transparentes ni claros” y cuestionó el tiempo transcurrido sin conocer los daños, su par Germán Gómez advirtió que el pedido por la concesión de la represa sobre el río Diamante "tendría que discutirse por separado porque no tiene nada que hacer en esta ley".
A su turno, José Luis Ramón (Consumidores y Ciudadanos) también rechazó el proyecto con sus propios argumentos. “Una declaración de emergencia tiene 4 patas: gobierno, empresarios, el ente regulador y los usuarios. Esta ley no las contempla ni favorece a los usuarios", señaló.
El "aprovechamiento de la crisis energética" es, para Emnuel Fugazzotto (Partido Verde), el factor por el que el Gobierno "incluyó la concesión y contrataciones directas. Es un cheque en blanco para el Ejecutivo".






