La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender de manera provisoria el discovery por “alter ego”, la investigación destinada a identificar activos de YPF que podrían ser embargados en el marco del litigio por la expropiación de la petrolera.
La Jueza Loretta Preska lleva la causa contra YPF en Estados Unidos.
La decisión fue adoptada por la jueza Loretta Preska, tras un pedido de YPF, a la espera de una audiencia clave prevista para los próximos días. Según explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors y especialista en la causa, Preska había habilitado inicialmente ese discovery y, al mismo tiempo, había impedido a YPF ejercer su defensa, al considerar que el Estado argentino lo hacía en su lugar.
Maril aclaró que la nueva orden judicial no alcanza a otras investigaciones ni a los intentos de embargo sobre activos soberanos distintos de YPF, como el Banco Central de la República Argentina, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas.
En la misma línea, el ex procurador del Tesoro Sebastián Soler precisó que la suspensión se mantendrá vigente hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva el recurso presentado por YPF contra la decisión previa de Preska que había autorizado el discovery. “La apelación debería tramitar de manera expeditiva, pero involucra un tema relevante y poco tratado por la Cámara, como son las implicancias de la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos para este tipo de investigaciones sobre empresas estatales”, señaló.
La presión de los demandantes por la sentencia
Semanas atrás, los beneficiarios del fallo intensificaron la presión judicial sobre la Argentina para forzar el cumplimiento de la sentencia, que asciende a unos U$S16.000 millones. El reclamo es impulsado por Eton Park y Petersen, con financiamiento del fondo Burford Capital.
Ante la decisión del país de apelar el fallo, los demandantes aún no lograron cobrar y desplegaron distintas estrategias para obligar a la Argentina, al menos, a entablar una negociación. Una de ellas consiste en intentar demostrar que ciertos organismos y empresas públicas actúan como “alter ego” del Estado, lo que les permitiría avanzar sobre los bienes de esas entidades.
En ese contexto, los demandantes se quejaron ante Preska por demoras en la entrega de información y denunciaron presuntas maniobras dilatorias. Incluso advirtieron que podrían solicitar sanciones económicas u otro tipo de penalidades.
También señalaron que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno, se negaron a entregar chats y mensajes, junto con otros cuatro funcionarios, mientras que varios más no respondieron a los requerimientos formulados, según sostuvieron, por el propio gobierno argentino. “Los demandantes solicitan respetuosamente que el Tribunal ordene a la República que complete sustancialmente su producción de comunicaciones fuera de canal con entidades alter ego”, reclamaron, con plazos que iban del 16 al 23 de diciembre de 2025.
Próximos pasos en la causa
Finalmente, la jueza Preska fijó como fecha límite el 10 de enero para que haya avances concretos en la entrega de información y convocó a una nueva audiencia para el 29 de enero. En paralelo, la Argentina espera la resolución de la apelación presentada ante la Corte de Apelaciones en la causa principal por la expropiación de YPF, un fallo que será determinante para el futuro del litigio y la estrategia judicial del país.
Fuentes: A24 y Latam Advisors