El Consejo Empresario Mendocino (CEM) dio a conocer el informe en el que analiza la situación de las cuentas públicas de Mendoza entre los años 2010-2019 y proyecta el cierre del 2020. En el escrito habla de un año "atípico" en materia de ejecución presupuestaria y pidió que se continúe bajando la presión tributaria.

En su análisis anual, los empresarios advirtieron sobre el fuerte impacto que tuvo la pandemia sobre las arcas del Estado ya que la actividad económica tuvo una caída del 10% que afectó los ingresos del sector privado y, en consecuencia, del sector público. "La caída real de los recursos corrientes alcanza el 14%, con una incidencia mayor en los recursos corrientes de origen provincial que caen un 21% real interanual", detallaron.

Según el informe, dos factores son fundamentales para lograr revertir el panorama actual y poder dinamizar la economía.

En primer lugar, señalaron los gastos del gobierno en relación a su estructura: "El peso del Estado provincial en la economía de Mendoza era, a finales de 2019, casi un 50% mayor que el de hace 10 años y el doble respecto de 2005. Los esfuerzos del último lustro por racionalizarlo, apuntando a una mayor eficiencia y eficacia en la prestación de servicios han sido importantes, pero solo lograron estabilizarlo -con vaivenes- en torno del 25% del PBG".

Sobre este punto agregaron: "El sector público creció más que la economía en su conjunto y el sector privado, genuino creador de oportunidades, de valor agregado y de empleo, se achicó. La carga para este sector, que con sus impuestos sostiene la estructura estatal, se hizo más pesada. Nuestras estimaciones a cierre de ejercicio 2020 proyectan una reducción de 1,6 puntos porcentuales del peso del Estado provincial en la economía local".

Por otra parte, aseguraron que continuar con la reducción de la presión tributaria es el camino correcto para que las actividades económicas repunten en la post pandemia: " Los desequilibrios fiscales no se resuelven con aumentos impositivos como los votados en 2012, sino apelando a la eficiencia del gasto y mediante la plena vigencia de herramientas como las establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal - hoy, en gran medida letra muerta – que establecen fondos anti-cíclicos para atender situaciones coyunturales y que, de haber existido, podrían haber ayudado a paliar con mayor celeridad y eficacia las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia. Entendemos que es hora de volver a poner en valor ésta y otras leyes que hacen a la mejora de la gestión pública estatal y del clima de negocios, tan necesario para atraer inversiones y generar empleo".

Los puntos más importantes

El informe de la CEM cierra con 10 ideas a modo de conclusión.

  • La pandemia COVID-19, que caracterizó a todo este año, tiene consecuencias sobre familias y empresas, sobre el Estado provincial y sus cuentas. La ejecución presupuestaria resultó atípica. Con la actividad económica cayendo en 2020 alrededor del 10%, los ingresos del sector privado se ven afectados y, con ello, también los del sector público. Nuestras proyecciones estiman que los recursos corrientes del año alcanzarán el 83% de los recursos presupuestados para el año. Esto afecta a las erogaciones corrientes que tampoco se ejecutarán conforme lo planeado, debiendo adecuarse a la disponibilidad de recursos. La caída real de los recursos corrientes alcanza el 14%, con una incidencia mayor en los recursos corrientes de origen provincial que caen un 21% real interanual.

  • El peso del Estado provincial en la economía de Mendoza era, a finales de 2019, casi un 50% mayor que el de hace 10 años y el doble respecto de 2005. Los esfuerzos del último lustro por racionalizarlo, apuntando a una mayor eficiencia y eficacia en la prestación de servicios han sido importantes, pero solo lograron estabilizarlo -con vaivenes- en torno del 25% del PBG. El sector público creció más que la economía en su conjunto y el sector privado, genuino creador de oportunidades, de valor agregado y de empleo, se achicó. La carga para este sector, que con sus impuestos sostiene la estructura estatal, se hizo más pesada. Nuestras estimaciones a cierre de ejercicio 2020 proyectan una reducción de 1,6 puntos porcentuales del peso del Estado provincial en la economía local.

  • Los recursos de origen nacional representaron más de 50% de los recursos corrientes durante la última década. La incidencia de los recursos provinciales ha aumentado en los últimos años, aunque volvió a caer este año, en el marco de COVID-19. La Coparticipación Federal + Regímenes Especiales es la primera fuente de recursos corrientes. El impuesto a los ingresos brutos es la principal fuente de recursos provinciales; su peso creció entre 2010 y 2015 hasta alcanzar el 57% de los ingresos corrientes provinciales, disminuyendo desde entonces para ubicarse en el 46% actual. Los recursos no tributarios redujeron su incidencia por la disminución relativa de los ingresos por regalías.

  • Entre las erogaciones corrientes se destacan el gasto en personal y las transferencias a municipios. En 2019, la partida de personal representó el 53% del gasto corriente luego de alcanzar el 60% en 2015 (valor máximo de la serie). En tanto, las transferencias a municipios promediaron el 15,4% del gasto en la década. Luego de un sensible aumento de los intereses y gastos de la deuda entre 2016 y 2018, esta partida cae hasta ubicarse en 5,5% el último año. Estimamos que en 2020 aumentará la incidencia del gasto en personal en el total de las erogaciones corrientes.

  • Luego de una década de deterioro lento pero persistente del ahorro corriente (2005:18,8%; 2015: -6,8%), esta variable comenzó a encontrar un sendero más virtuoso a partir de 2016 -excepto 2019- que debemos observar permanentemente ya que es un indicador clave de la salud de las finanzas públicas provinciales. La clave para mantenerlo en línea es que los gastos corrientes no crezcan a un ritmo mayor que los recursos corrientes, situación que se verificó en 10 de los últimos 15 años (las excepciones fueron 2014, 2016, 2017, 2018 y 2020).

  • Resulta auspiciosa la reducción de la presión tributaria provincial desde 2017, luego de haberse duplicado entre 2010 y 2015. Para el cierre de ejercicio 2020 proyectamos una presión tributaria provincial efectiva de 6,6% del PBG, por debajo del año 2019. Los desequilibrios fiscales no se resuelven con aumentos impositivos como los votados en 2012, sino apelando a la eficiencia del gasto y mediante la plena vigencia de herramientas como las establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal - hoy, en gran medida letra muerta – que establecen fondos anti-cíclicos para atender situaciones coyunturales y que, de haber existido, podrían haber ayudado a paliar con mayor celeridad y eficacia las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia. Entendemos que es hora de volver a poner en valor ésta y otras leyes que hacen a la mejora de la gestión pública estatal y del clima de negocios, tan necesario para atraer inversiones y generar empleo.

  • Igualmente positiva es la racionalización de la planta de personal estatal provincial, que luego de haber aumentado un 22,5% entre 2009 y 2015 (triplicó el crecimiento poblacional) ha disminuido 6,6% desde 2016 a la fecha. Entendemos que esta política debe continuar, priorizando las funciones indelegables del Estado. Los empleos que necesita Mendoza deben crearse mayoritariamente en el sector privado de la economía, lo que no ha sucedido en la última década.

  • Un parámetro indicativo de mayor orden fiscal refiere al aumento de la participación de las erogaciones de capital (que incluye la inversión pública) en las erogaciones totales, recuperación que, luego de varios años, ha permitido alcanzar el umbral del 10% de los recursos corrientes en 2018 y 2019, situación que, con la reactivación de la actividad económica debería recuperarse y mantenerse como política.

  • La provincia acumula más de una década de déficit operativo: todos los años bajo estudio verificaron déficits operativos, con un deterioro paulatino a través de los años, hasta alcanzar el máximo déficit en 2015, equivalente a 13,5% de los recursos corrientes. Desde 2016 un mayor orden fiscal permitió mejorar los números fiscales hasta alcanzar un déficit operativo de 1,5% de los recursos corrientes en 2018, el menor de la década. El ahorro corriente generado permitió́ financiar una porción significativa de las erogaciones de capital. En 2019 el déficit operativo aumentó hasta 9,7%.

  • Este año, signado por la pandemia y la caída de la actividad económica, estimamos un superávit corriente en torno del 1% y un déficit operativo que rondará el 2,5% de los recursos corrientes. La respuesta final dependerá, fundamentalmente, del comportamiento de los recursos y erogaciones corrientes, y de la inversión pública en el último trimestre del año.

  • Finalmente, entendemos que Mendoza debe debatir cuál es el tamaño del estado que puede financiar para asegurar el crecimiento y la creación de empleo que nos permita reducir los niveles de pobreza actuales.

El informe completo

CEM - INFORME FISCAL.pdf

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