Finalmente el gobierno nacional decretó los cambios en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Además de dejar de ser un ente autárquico con menos estructura, su rol de control se limitará a verificar que el vino sea apto para el consumo.
Delegados del INV siguen los pasos de INTA, que logró gestionar una medida cautelar en la Justicia contra los cambios por decreto del gobierno.
El extenso decreto 585/2025, firmado por el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente Javier Milei, lo reduce a 2 áeas. Y confirma que no sólo pierde autarquía (pasa a depender de Caputo) sino músculo para fiscalizar a la industria del vino.
En el seno del Instituto advierten que esto implica definitivamente correr el epicentro de las decisiones de la sede central del INV en Mendoza, a Buenos Aires. Y, algo que ya venía anticipándose, un ajuste de personal.
Como para ratificar la reestructuración del organismo, basta decir que en 2018 se había decidido mantener algunas áreas o departamentos, de los que ahora se decidió que "corresponde su supresión".
Del mismo modo, el decreto dispuso derogar cargos que eran parte del Nomenclador del sistema de Empleo Público, incluso el del mismo presidente del INV, Carlos Tizio.
De Instituto a "unidad organizativa" con sólo 2 áreas
Todo pasó en poco más de un mes. Fue desde que un primer decreto el 12 de julio mostró las cartas de la desregulación que el Gobierno de Milei dispuso con la reestructuración del INV para la industria vitivinícola.
Ahora, para achicar su estructura, se suprimen estructuras de primero y segundo nivel operativo. Se trata de un paso necesario para avanzar hacia su transformación en "unidad organizativa".
Con este cambio, el organismo directamente pasa a depender de la Secretaría de Agricultura con una estructura reducida al mínimo que incluye cierre de departamentos.
Desaparecen 3 áreas de la estructura actual: Administración, Asuntos Jurídicos e Informática. Sus funciones, según se supo, serán absorbidas por la Secretaría de Producción del Ministerio de Economía.
Así, el nuevo Instituto tendrá, de 12 coordinaciones y direcciones, sólo 2: la nueva Dirección de Registro y Certificación de Vinos y Alcoholes, y además la Dirección de Fiscalización Analítica, Especiales y Métodos de Control, que incluye los tradicionales laboratorios. De ambas, por ahora, sólo se sabe que el mandato es que trabajen "articuladamente".
Subsisten dudas: ¿qué pasará con la red de delegaciones del INV en todo el país que le daban presencia territorial?
Actualmente hay 11 en distintas provincias productoras y centros de consumo de todo el país. Los que siempre fueron parte de los operativos de control que involucraron al cuerpo de inspectores y también los modernos laboratorios móviles.
El nuevo rol del INV
Si bien conserva funciones como determinar el grado alcohólico de las añadas "y de tolerancias y límites de componentes en vinos y productos enológicos", a través del decreto el Gobierno confirmó lo que se temía: el INV sólo controlará el producto final.
Además, la nueva normativa no dice nada sobre el control de genuinidad del vino, algo que el marco legal vigente hasta ahora contemplaba.
"Planificar y supervisar las acciones de fiscalización en la etapa de comercialización final de los productos vitivinícolas con el fin de garantizar su aptitud para el consumo y que no hayan sido adulterados ni manipulados en forma indebida", dice.
Pero además aclara que el último tramo de la cadena que ahora controlará el INV incluye el paso previo a la exportación.
A propósito de comercio exterior, otras funciones especificadas dentro de la reestructuración son:
-"Asesorar al sector vitivinícola", en el ámbito de su competencia, en lo referente a los trámites de exportación e importación.
-Articulación técnica para la aplicación de normativa con organismos internacionales como OIV y la FAO.
-Proponer mecanismos técnicos de control
-Mantener actualizada la información sobre aranceles y regímenes de importación del vino argentino
A la justicia para frenar despidos y cambios
De los poco más de 450 trabajadores que tiene el organismo hay al menos un centenar contratados. En esa condición los encuentran los cambios que impulsa el gobierno de Milei.
"Advertimos el inminente despido de trabajadores, ya que se redujo la estructura de Fiscalización aproximadamente 50 % y las áreas de apoyo 100%. Lo veníamos señalando oportunamente desde el gremio", señaló Mariano Lucero, delegado de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) en el INV.
Frente a esa situación, para los delegados gremiales en el Instituto todavía hay una ventana abierta para frenar el avance definitivo del decreto.
Son al menos 8 días hasta su reglamentación, que se cumplirán el 27 de agosto.
Según Lucero, "la nueva estructura que se pretende imponer avala los argumentos esgrimidos en el amparo que ATE interpondrá para defender al organismo y sus trabajadores".
Desde la perspectiva sindical, la decisión del gobierno es "una embestida" para anticiparse al Congreso. Esto es, pese a que la medida inicial (el decreto 462/2025) fue vetado por la Cámara de Diputados y debe ser tratado en Senadores el jueves 21.