El Poder Ejecutivo publicó este lunes el decreto reglamentario de la Ley de Inocencia Fiscal, activando formalmente el blanqueo con el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).
Blanqueo. Para que los fondos del "colchón" queden protegidos, las operaciones deberán estar bancarizadas. (Imagen ilustrativa)
La medida de blanqueo busca brindar seguridad jurídica a los contribuyentes para que vuelquen al sistema los dólares no declarados que se estiman en U$S 170.000 millones.
El decreto reglamentario 93/2026 que detalla sobre cómo se deben sacar los dólares del colchón y qué beneficios otorga a los contribuyentes el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) se considera como un "blanqueo popular" y según el ministro Luis Caputo será clave para la reactivación económica impulsada por el Gobierno.
Bancarización y "Tapón Fiscal"
La clave del nuevo esquema es la formalización a través del sistema financiero. Para que los fondos del "colchón" queden protegidos, las operaciones deberán estar bancarizadas, cumpliendo así con los estándares de control del GAFI y el FMI.
Al adherirse al RSG, el contribuyente obtiene un "Tapón Fiscal": la ARCA (ex AFIP) acepta como exacta la declaración de periodos previos no prescriptos y renuncia a investigar el origen del patrimonio, siempre que no existan inconsistencias mayores al 15% o facturas apócrifas. De ahora en adelante, el fisco solo mirará la facturación futura.
¿Quiénes pueden adherir?
Para acceder a estos beneficios y evitar fiscalizaciones de ARCA, los contribuyentes (incluyendo monotributistas que deseen regularizar ahorros) deben cumplir tres requisitos:
- Ingresos anuales: Menores a $1.000 millones.
- Patrimonio total: Menor a $10.000 millones.
- Categoría: No estar registrado como "Gran Contribuyente".
Fin de la persecución penal: nuevos umbrales
El decreto reglamenta una suba histórica en los montos de punibilidad, reduciendo la presión penal sobre el contribuyente medio:
- Evasión Simple: El piso para que un incumplimiento sea considerado delito penal salta de $1,5 millones a $100 millones.
- Evasión Agravada: El umbral se establece en $1.000 millones.
- Extinción de acción: Quienes reciban una notificación de deuda podrán cerrarla pagando lo adeudado, eliminando automáticamente la instancia penal.
Menos prescripción y más privacidad bancaria
La normativa introduce dos cambios operativos que devuelven previsibilidad al ciudadano:
- Prescripción corta: El Estado ahora solo tendrá 3 años (antes 5) para auditar o reclamar deudas pasadas.
- Umbral de privacidad: Se eleva a $10.000.000 mensuales el monto a partir del cual los bancos deben informar movimientos a la ARCA. Por debajo de esa cifra, rige el principio de privacidad para fomentar el consumo.