Impacto del ajuste

El cierre de cuatro sedes de Vialidad Nacional afecta a 208 empleados en Mendoza

Junto a su matriz en Ciudad de Mendoza, Vialidad Nacional cuenta con delegaciones en Godoy Cruz, Uspallata y San Rafael. El destino de los empleados del ente

En otra avanzada de la motosierra en su plan de ajuste del Estado, el gobierno de Milei anunció el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Una decisión que significaría el cierre de varias delegaciones en Mendoza y afecta a cientos de empleados que hasta ahora son parte del organismo.

Son quienes trabajan en la casa central de Vialidad, en Pedro Molina y Belgrano de ciudad, conocida como "el Distrito", y también en 3 delegaciones zonales parte de su estructura: La Gloria (en el barrio homónimo de Godoy Cruz), Uspallata y San Rafael.

Según confirmaron fuentes del organismo a Diario UNO, en sus cuatro sedes se desempeñan 208 trabajadores, técnicos en su mayoría, y también administrativos. Esa nómina dejaría de cumplir sus tareas habituales desde ahora a raíz del cierre.

Todo es parte de la amplia presencia territorial de la DNV en cuanto a obras de infraestructura vial de todo el país. Y de la que el gobierno decretó su desaparición al anunciar el cierre de Vialidad a partir de las "facultades delegadas" por el Congreso.

El ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzennegger señaló que "el primer decreto fue para el Inadi , un símbolo. Y terminamos con Vialidad, otro símbolo de la corrupción kirchnerista".

Qué pasará con el cierre de Vialidad en Mendoza

"Estamos esperando instrucciones, no sabemos cuáles serán los próximos pasos", dijo escuetamente la actual administradora de la Regional Mendoza de la DNV, Emilce Lozano, ante la consulta de Diario Uno.

La referencia es acerca del destino de los trabajadores, esto es, si serán definitivamente cesanteados o existe la chance de reubicarlos en otras dependencias.

Lo mismo aplica a los edificios que son hasta el momento parte del patrimonio de Vialidad. Y que, a juzgar por las decisiones del gobierno con otros organismos como el INTA, se encaminan a la liquidación vía subasta pública o remate.