Si bien el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que “el 98%” de las medidas aplicadas para desburocratizar la vitivinicultura cuenta con el aval de todos los sectores productivos, tres puntos quedaron en observación y fueron elevados a Nación para un nuevo análisis. Así lo confirmó la vicegobernadora, Hebe Casado, quien participó de la reunión.
Además de la funcionaria de Cornejo, al encuentro se sumó el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.
Casado sostuvo que “todos los sectores coincidieron en que la enorme mayoría de los trámites eliminados eran cargas que entorpecían la producción y el proceso productivo”, y que la desregulación impulsada por el gobierno nacional “responde a reclamos históricos del sector”. Sin embargo, existió consenso en que tres requisitos continúan generando dudas por su eventual impacto en controles y trazabilidad.
Federico Sturzenegger, en la conferencia de prensa en el INV. Lo acompañan Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza; el ministro de la Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu y su par de San Juan, Gustavo Fernández.
Los tres puntos que quedaron bajo revisión
Los planteos trasladados al ministro de Milei fueron los siguientes:
- El CIU (Certificado de Ingreso de Uvas). Hasta ahora obligatorio, la propuesta nacional es volverlo voluntario. Algunos productores temen que su eliminación complique la trazabilidad del origen de la uva. Ante esto, Sturzenegger insistió que el quiera podrá seguir con este control y reiteró que es opcional.
- El control del tenor de azúcar. También pasaría a ser opcional. Parte del sector pidió mantenerlo como verificación técnica para resguardar parámetros de calidad.
- El certificado final de bodega. La inquietud radica en si su voluntariedad podría afectar la información en las etapas finales del proceso productivo.
El gobernador Alfredo Cornejo -según indicaron desde el Ejecutivo provincial- transmitió a Sturzenegger que estos tres puntos tienen apoyo masivo de los productores para que continúen vigentes, incluso bajo un esquema simplificado.
El ministro respondió que se llevaría la inquietud a Buenos Aires “para analizarla en profundidad”.
“No es que se eliminen: pasan a ser opcionales. Pero por la masividad del pedido, el ministro entendió la preocupación y prometió evaluarlo”, subrayó Casado, respecto de la inquietud de Cornejo y de su par, Marcelo Orrego.
El futuro del INV y el rol de sus trabajadores
Otro tema planteado informalmente fue el impacto de la desregulación en los empleados del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Sin embargo, las autoridades aclararon que el organismo no fue parte del debate.
“No se habló del INV. Ese decreto está detenido y hoy el instituto sigue funcionando”, indicaron. Lo que sí se mencionó es que el rol del organismo podría reorientarse: en lugar de realizar controles presenciales en bodegas o fincas, pasaría a focalizarse en el producto final, verificando en góndola o puntos de distribución que las etiquetas coincidan con las características del vino. “Y quien no cumpla, tendrá sanciones fuertes”, adelantó Casado, quien lleva adelante un proceso de sintetización de leyes en la Legislatura.





