El blanqueo laboral busca reducir contingencias e informalidad en empresas.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó este jueves el nuevo régimen de Promoción del Empleo Registrado, una medida clave para avanzar firmemente contra el blanqueo laboral. Quedó habilitado el mecanismo normativo para que las empresas privadas puedan regularizar la situación de sus trabajadores informales en todo el país.
Beneficios clave del régimen de regularización laboral
Quita sustancial de deuda: condonación de hasta el 90% de las deudas acumuladas por aportes y contribuciones patronales omitidas.
Descuento por pago único: reducción extra del 20% sobre el saldo restante si el empleador opta por cancelar la deuda al contado.
Planes de financiación amplios: financiación en cuotas mensuales consecutivas adaptadas al tamaño de la empresa (hasta 24 cuotas para micro y pequeñas empresas, 18 para medianas y 12 para grandes empleadores).
Inmunidad penal y administrativa: extinción de la acción penal cambiaria y tributaria, junto con la eliminación de las sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
Inclusión de litigios en curso: posibilidad de regularizar relaciones laborales que se encuentren en discusión administrativa o en etapa judicial.
Reconocimiento jubilatorio: los trabajadores regularizados obtienen el reconocimiento de hasta 60 meses de servicios para el cómputo de su futura jubilación.
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Plazos y alcance del blanqueo laboral
La Resolución General 5862/2026 establece que los empleadores podrán incorporar al sistema a todos aquellos empleados con relaciones no registradas o deficientemente registradas que hayan iniciado sus actividades hasta el 5 de marzo de 2026 inclusive. Según los plazos oficiales dictados por la dirección del ente, el trámite y la correspondiente presentación de declaraciones juradas rectificativas podrán concretarse hasta el próximo 28 de noviembre del corriente año.
El principal objetivo de esta herramienta radica en disminuir de forma sustancial los niveles de informalidad dentro del mercado de trabajo. Desde las cámaras empresarias manifestaron que la resolución aporta previsibilidad jurídica en un contexto donde el costo de la litigiosidad suele paralizar la contratación de nuevos puestos y el crecimiento de las pequeñas estructuras operativas. El gobierno nacional busca con esto dinamizar el empleo.
Condonación de deudas en el blanqueo laboral
El esquema reglamentado por ARCA prevé una condonación de hasta el 90% de las deudas acumuladas por aportes y contribuciones patronales omitidas. Las empresas que decidan regularizar a su personal recibirán la extinción de la acción penal cambiaria y tributaria, además del beneficio directo de la baja definitiva de las sanciones del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
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La ley permite registrar hasta un tope máximo de 60 meses de servicios con fines puramente jubilatorios.
Para abonar el porcentaje de deudas restante que no resulta licuado, el sistema dispondrá de planes de facilidades de pago diferenciados según el tamaño del contribuyente. Las micro y pequeñas empresas, junto a las entidades sin fines de lucro, dispondrán de un esquema de financiación extendido de hasta 24 cuotas mensuales consecutivas con tasas de interés reguladas.
Por otra parte, las medianas empresas de tramos uno y dos podrán cancelar sus obligaciones en un plazo máximo de 18 meses. El resto de los empleadores grandes tendrá un límite de 12 cuotas. En caso de que el contribuyente opte por cancelar el monto total remanente en un solo pago de contado, la normativa contempla un descuento adicional del 20% sobre el saldo establecido.
Antigüedad y exclusiones del blanqueo laboral
Respecto al impacto directo sobre los derechos de los asalariados, el texto oficial aclara que los trabajadores incluidos en este proceso de blanqueo laboral mantendrán un reconocimiento parcial de sus años de servicio. La ley permite registrar hasta un tope máximo de 60 meses de servicios con fines puramente jubilatorios, calculados sobre la base del salario mínimo, vital y móvil vigente en cada período.
Quedan formalmente excluidas de esta medida las relaciones del sector público en todos sus estamentos estatales (nacionales, de la provincia y municipales), tal como define la Ley de Administración Financiera. Asimismo, el organismo tributario remarcó que las firmas que se hayan sumado previamente al beneficio de la Ley de Bases no podrán duplicar el beneficio fiscal por el mismo empleado.
La medida abarca incluso a aquellos vínculos que actualmente se encuentran bajo discusión administrativa o en instancias judiciales producto de actas de inspección previas. Con esta puesta en marcha, el fisco busca dar un marco formal definitivo para revertir los índices de informalidad estructural de la economía mediante incentivos de reducción de costos registrales.
