Una reivindicación necesaria como el voto femenino llegaba a concretarse hace exactamente 73 años. El 23 de septiembre de 1947, el Congreso nacional promulgaba la Ley 13010, que permitió el sufragio femenino en Argentina. La norma fue llamada Ley Evita y presentada al Congreso por el Poder Ejecutivo, que tenía a Juan Domingo Perón como presidente. Sin embargo, este logro fue la decantación de una lucha iniciada muchos años antes por los movimientos feministas y otros partidos de arraigo popular como el Socialismo y cierto sector del Radicalismo. Por todo ello, este miércoles se celebra el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer.
Voto femenino. El 23 de septiembre de 1947 se promulgó la Ley 13010 que reconoció el derecho al voto de las mujeres, que podrían comenzar a sufragar en 1951.
Desde la primera década del siglo XX el feminismo comenzó a luchar por el voto femenino en nuestro país, reconocido en 1947 durante el gobierno de Juan Domingo Perón.
En 1946 las mujeres se comenzaron a manifestar frente al Congreso exigiendo el derecho al sufragio. Un año después lo obtendrían gracias a la promulgación de la Ley 13010.
El Poder Ejecutivo fue quien presentó el proyecto en 1956, en el marco de una batería de más de 40 leyes que Perón había anunciado dentro de la planificación estatal conocida como el Plan Quinquenal, y la iniciativa tuvo que recorrer un largo camino. El 21 de agosto de 1946 el proyecto fue aprobado por la Cámara Senadores, para que el 9 de septiembre del año siguiente hiciera lo propio la Cámara de Diputados, luego de un maratónico debate. Días más tarde, el 23 de septiembre de 1947, finalmente se promulgó la Ley 13010.
Sin embargo, recién la mujer podría acudir a las urnas en 1951 (11 de noviembre). La Ley Sáenz Peña, de 1912, estableció el voto secreto y obligatorio, los únicos habilitados para votar eran los hombres mayores de 18 años, nacidos en Argentina y residentes de las 14 provincias del país.
Para aplicar la Ley 13.010, el Estado tuvo que crear un nuevo sistema de registro y documentación de la identidad de las personas, a fin de elaborar los padrones electorales. Hasta ese momento se utilizaba la Libreta de Enrolamiento (LE), un documento de identidad que solo poseían los varones nativos o nacionalizados, que había sido creado en 1911 para implementar la Ley Sáenz Peña de voto secreto y obligatorio para varones, utilizando los registros militares de enrolamiento en el servicio militar obligatorio, que había sido establecido en 1904 solo para varones. Las mujeres por lo tanto carecían de documento de identidad.
Un año después de sancionada la Ley del Voto Femenino, el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 13.482 -aún vigente en la actualidad- creando el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) y un documento de identidad especial para las mujeres denominado "Libreta Cívica" (LC), debido a que acreditaba la reciente condición de ciudadanas conquistada por las mujeres, equivalente a la Libreta de Enrolamiento de los varones.
El voto femenino había sido una gran promesa de campaña de Juan Perón, con su esposa Eva Duarte como máxima oradora durante la gira proselitista de 1945. Ya con el peronismo en el gobierno, el autor del proyecto original de la ley fue el senador por Mendoza Lorenzo Soler, miembro de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, partido integrante de la coalición peronista, invocando en apoyo del proyecto el mensaje del presidente Perón al inaugurar las sesiones.
Quiénes iniciaron la lucha por el voto femenino
En Argentina se creó en 1907 el Comité Pro-Sufragio femenino, fundado por las feministas Alicia Moreau, Sara Justo, Julieta Lanteri y Elvira Rawson de Dellepiane.
El diputado socialista -el primer legislador de ese partido elegido en Latinoamérica- Alfredo Palacios, había presentado en 1911, el primer proyecto de ley de voto femenino en el Congreso nacional, un año antes que se sancionara la Ley Sáenz Peña, que declaraba al voto secreto, universal y obligatorio, pero sólo para los hombres, ya que marginaba a la mujer. El proyecto de Palacios ni siquiera fue tratado.
El primer proyecto de ley nacional fue presentado por el diputado radical por Santa Fe Rogelio Araya en 1919, seguido luego de muchos otros que ni siquiera fueron tratados por las cámaras del Congreso Nacional, con excepción de 1932, durante el gobierno fraudulento de Agustín P. Justo, cuando la Cámara de Diputados llegó a dar media sanción al voto femenino, pero el proyecto se cayó al no ser tratado por el Senado.
En el interior del país ya se comenzó a señalar el camino, y dos provincias reconocieron los derechos políticos de las mujeres antes de que fueran reconocidos a nivel nacional: en 1921 en Santa Fe se realizó una reforma constitucional que reconoció los derechos políticos de las mujeres, aunque limitados al ámbito municipal. La nueva constitución fue vetada de inmediato por el gobernador Enrique Mosca de la Unión Cívica Radical Unificada, pero en 1932 fue reconocida legalmente por el gobierno de Luciano Molinas, del Partido Demócrata Progresista, rigiendo hasta 1935.
El otro ejemplo fue muy cercano: San Juan. Durante el gobierno de Aldo Cantoni de la Unión Cívica Radical Bloquista, se reformó la Constitución en 1927, reconociendo entre otros, los derechos políticos de las mujeres en las elecciones municipales y provinciales. Se aplicó a partir de 1928.
En 1929, el diputado socialista Mario Bravo presentó un nuevo proyecto que, golpe de Estado mediante, se postergó tres años hasta que pudo ser debatido en la Cámara en 1932. La ley no pudo contra el pensamiento que existía en el Senado argentino en la década del '30. Sin embargo, desde el socialismo, se insiste sin éxito, con proyectos del diputado Palacios en 1935 y 1938. El último de estos fue presentado junto con una declaración de la Unión de Mujeres Argentinas, acompañado por las firmas de Susana Larguía y Victoria Ocampo.
En 1945 Juan Domingo Perón creó la Comisión Pro-Sufragio Femenino en la Secretaría de Trabajo y Previsión, quedando a cargo de la misma la escritora y educadora riojana Rosa Bazán de Cámara y Lucila de Gregorio Lavié.