Muy lejos de los golpes de efecto y la demagogia, y en plena campaña para las cercanas elecciones, el senador provincial Gustavo Pinto (UCR) atacó el "desfinanciamiento" que se produce en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) por la falta de pago de impuestos por parte de los beneficiados con las viviendas entregadas por la entidad en Mendoza. Para ello presentó un proyecto en la Legislatura para que los adjudicatarios se hagan cargo de los impuestos y servicios que les corresponden.

Pinto defendió la postura que respalda el proyecto de ley, que ya obtuvo media sanción en el Senado, con la oposición del peronismo, y pasó a Diputados. "Acá hay mucha demagogia de por medio (en la oposición), y se habla de que queremos agregar impuestos, pero la gente que me conoce sabe que yo sólo busco lo mejor para ellos", dijo.

El problema de la escrituración

Pinto explicó que el problema básico se crea cuando a alguien se le adjudica una vivienda, y por diversos motivos se demora la escrituración a nombre de esta persona. "Generalmente cuando son cooperativas, donde estas tienen que ceder la titularidad del terreno al IPV, por lo que en ese tiempo, la gente ya está viviendo en esas casas no paga sus impuestos y servicios -incluyendo hasta multas-. Entonces estas facturas le llegan al IPV, que de esta forma, en vez de usar el dinero para construir casas a quien no tiene, la tiene que ocupar en pagarle la luz, el gas o el agua a quien no las paga", explicó.

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"Acá no se trata de crear nuevos impuestos ni nada por el estilo. Lo que se busca es que el IPV no tenga que pagarle los servicios a la gente que ya tiene su casa en detrimento de otra que todavía no la tiene" "Acá no se trata de crear nuevos impuestos ni nada por el estilo. Lo que se busca es que el IPV no tenga que pagarle los servicios a la gente que ya tiene su casa en detrimento de otra que todavía no la tiene"

Gustavo Pinto, senador provincial


El paceño explicó que sabe muy bien cual es la problemática financiera de muchas familias "por haber recorrido Mendoza y conocer La Paz", pero que hay gente que pudiendo pagar sus servicios, no lo hace, y aclaró que "donde haya una problemática de una familia que tiene su vivienda propia y no puede pagar, el estado ayudará a esa familia", dijo y agregó: "Para los que menos tienen, el único organismo que puede darle una solución habitacional es el IPV, y entonces no hay que perjudicar a este organismo desfinanciándolo por asumir cuentas ajenas".

El legislador radical apeló al factor moral para manifestar que la ley "es para que los adjudicatarios tengan la obligación de pagar, que es lo más normal, es una cuestión cultural a la que hay que volver. Los hijos tienen que aprender de los padres que cada uno tiene que hacerse cargo de sus gastos y lo que consume, pagándolo con su esfuerzo y trabajo", dijo.

Uno de los problemas que tiene el proyecto de ley, es qué mecanismos usar para que la gente se vea obligada a asumir sus gastos. "Hay que hacer un trabajo coordinado con el IPV y la oficina de viviendas de los municipios, para que cuando se entrega un barrio, rápidamente se contacten con quien sea en ese lugar el prestador de servicios, para pasarle la lista de adjudicatarios y que se les facture al adjudicatario esas prestaciones y las tasas municipales.

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La postura del IPV

El propio titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Damián Salomone fue invitado a portar su opinión sobre esta nueva ley impulsada desde el radicalismo en el programa matutino de Radio Nihuil "Te digo lo que pienso", donde el funcionario le explico al conductor Ricardo Montacuto que "Cada adjudicatario es responsable de pagar sus servicios, que son quienes hacen uso. Muchas veces, en muchos municipios, la carga sigue estando a nombre del IPV y cuando hay una poda mal hecha o algo así, nos llegan multas municipales", generando esto muchos trastornos por tramitaciones, además de los gastos. El funcionario dijo no tener números exáctos, pero dio como ejemplo, que hubo una demanda por parte de Aguas y Saneamiento Mendoza (Aysam) por más de 15 millones de pesos.

La ley impulsada por Pinto busca aligerar la carga de la institución para que sus presupuesto se aplique en su función específica: hacer casa. Además de tener que pagar los gastos de los adjudicatarios, hay problema endémico: la morosidad de los propietarios en cuanto a las cuotas del préstamo hipotecario. 

"No estamos pasando el mejor momento en el país, no hay mucha plata de Nación para viviendas. Esto nos obligó a pensar un sistema autosustentable y propio, que es lo más significativo de la gestión". Por eso la ley ideada por Pinto es fundamental.

Bajó la morosidad

De todos modos, en el IPV se celebra que se haya bajado la morosidad. "Nosotros hemos logrado bajar la morosidad del 45%. Pero desde que aplicamos las reglas UVA, muy cuestionada por muchos, pero sin las tasas de interés por un criterio social y la hemos bajado al 28%. Hemos duplicado la recaudación de cuota del IPV", expuso Salomone, quien cerró con un objetivo optimista: "Tuvimos que pensar en un sistema autosustentable y propio, que es lo más significativo de la gestión. Vamos a terminar con un 90% de las viviendas terminadas con plata generada por nosotros".

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